Bilbao - La presentación de las cuestiones previas del juicio por el caso Cabieces se movió ayer por los parámetros previstos y acusación y defensa mostraron sus cartas. Los abogados de los tres acusados pidieron el archivo de la causa debido a que “el perjudicado”, Kutxabank, no denunció los hechos y no se persona en el proceso. Además, negaron que el ex delegado del Gobierno en Euskadi, Mikel Cabieces, cobrara dinero de la entidad financiera sin realizar ningún trabajo a cambio o que la remuneración que recibió no estuviera en consonancia con la tarea encargada. En su opinión, no hay delito de falsedad documental porque el contrato de Cabieces era real y añaden que el fiscal no tiene capacidad para investigar un caso de administración desleal sin que medie denuncia del perjudicado.

La Fiscalía, en cambio, estima que está legitimada para actuar de oficio desde el momento en el que el banco le informó de las irregularidades detectadas. Kutxabank renunció a emprender acciones penales una vez fueron reintegrados los 243.592 euros -casi 6.000 euros al mes- que cobró Cabieces. “Poner en conocimiento de la fiscalía un posible delito es una denuncia como un castillo”, aseguró el fiscal. La acusación particular se alineó con el fiscal en ese argumento y amplió la lista de perjudicados a los sindicatos, la asociación de consumidores EKA y la plataforma de pensionista a los que representa.

El juez decidirá esta semana si continúa como todo parece indicar con el juicio o si queda sobreseído. En la primera jornada ya asomó por el tribunal otra de las cuestiones que han sobrevolado este asunto desde su estallido: Los motivos por los que el entonces presidente de Kutxabank, Mario Fernández, pidió al abogado Rafael Alcorta que contratara a Cabieces para reforzar la asistencia jurídica que su bufete proporcionaba al banco.

Fernández, Alcorta y Cabieces son ahora los tres procesados, que por cierto van a eludir el trance de sentarse el banquillo por su condición de abogados. Ocuparán durante el juicio una silla detrás de sus abogados como parte de la defensa. El abogado de Fernández fue el encargado de deslizar la supuesta motivación política del caso al recordar que la fiscalía le acusa de “actuar en connivencia” sin concretar de quién parte la idea. El expresidente de Kutxabank alega que un dirigente del PP le pidió que buscase una salida profesional a Cabieces, que acababa de dejar de ser delegado del Gobierno.

Es poco probable que durante el juicio se desvele quién está detrás de la supuesta llamada en la se pidió la contratación de Cabieces. No se espera que Mario Fernández haga lo que vulgarmente se llama tirar de la manta. La clave, si el juez decide seguir adelante, es determinar si Cabieces cobró realmente por un trabajo y si el pago se ajusta a los estándares de la profesión. Para probarlo, el abogado de Alcorta presentó ayer 4 minutas de letrados que suman más de 380.000 euros y facturas del bufete giradas a Kutxabank por trabajos no contemplados en la iguala, el contrato anual de servicios.