GASTEIZ. En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno vasco, el consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka, ha detallado la afección que esta nueva jurisprudencia tendría en la plantilla de las administraciones vascas, pero ha rehusado cuantificar el coste que supondría para las arcas públicas.

Ha argumentado en este sentido que la cuantía dependerá de cuántos contratos concluyan y de la duración de los mismos, por lo que sin "soporte informativo real" cualquier estimación "sería una especulación en el aire".

Según ha explicado, el Ejecutivo está ahora "dando vueltas" a este asunto y "analizando todas las posibilidades" para decidir como actuar después de que la justicia europea haya igualado el despido de fijos y temporales.

La primera aplicación de esta nueva directriz comunitaria en España se ha producido precisamente en Euskadi y con una trabajadora que había sido contratada de manera eventual por una fundación dependiente de la Administración vasca. En este caso, el Tribunal Superior del País Vasco ha aplicado una indemnización de 20 días por año trabajado, en vez de 12.

Erkoreka ha anunciado que el Gobierno vasco no recurrirá esta sentencia porque entiende que en este caso "en concreto" el alto tribunal vasco "hace una aplicación correcta" del fallo europeo.

No obstante -ha recalcado el consejero- el Ejecutivo autonómico aún no ha decidido si a partir de ahora igualará por propia iniciativa las indemnizaciones que pague a sus contratados temporales cuando sus contratos terminen.

El también portavoz del Gobierno ha considerado que esta nueva jurisprudencia laboral "requiere una respuesta coordinada por parte de todas las administraciones públicas" y además debe "contar con un respaldo normativo" que no es competencia del Parlamento vasco, sino de las Cortes Generales.

Preguntado sobre las declaraciones de la jueza Garbiñe Biurrun, en las que animó a los trabajadores temporales a litigar para reclamar una indemnización de 20 días si es que no la reciben a la extinción de su contrato, Erkoreka se ha limitado a decir que "respeta" las palabras de la magistrada.

"Respetar la declaración de una autoridad judicial es incompatible con calificarla de una u otra manera", ha añadido el portavoz del Gobierno.