bilbao - El Gobierno Vasco y la dirección de la ACB dieron inicio ayer a la ronda de contactos que mantendrán, a un nivel técnico, para determinar las ayudas que recibirá la empresa a cambio de mantener la actividad en Sestao. Tras lograr el visto bueno de la plantilla a su plan para producir dos fines de semana al mes, ArcelorMittal busca ahora el soporte de la administración, que en un primer documento cuantificaba en más de 10 millones de euros al año. En ese mismo powerpoint Mittal pedía que la Ertzaintza asumiera la seguridad de la ACB, si bien la negociación parte de cero ya que Lakua no va a tomar en consideración la batería de condiciones que en su día puso la empresa.

Las relaciones entre el Gobierno Vasco y ArcelorMittal han recuperado cierta normalidad después de que el pasado viernes la empresa aceptase presentar un informe detallado sobre el proyecto previsto para la ACB. Se trata de un plan para al menos cinco años, lo que se entiende como un primer compromiso con la acería de Sestao. La propia consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, quien unos días antes no ocultaba su enfado con las exigencias y la falta de claridad de Mittal, vio en ese primer compromiso un paso adelante que de alguna manera restablecía la sintonía entre empresa y administración.

El martes se produjo un segundo paso al aceptar los trabajadores el plan para reanudar la actividad de forma parcial con la mitad de la plantilla. “Se han dado dos pasos importantes. Si hay un plan creíble a largo plazo que garantice la continuidad de la actividad y el empleo se colaborará”, indicó ayer Tapia en referencia al fleco pendiente para la reapertura de la factoría sestaoarra: un acuerdo sobre las ayudas que recibirá Mittal de las instituciones vascas.

La consejera fue tajante al señalar que la ronda de reuniones que arrancó ayer no parte de ese primer powerpoint que le entregó la empresa y que, sin incluir ningún compromiso de mantenimiento de la actividad, enumeraba una serie de peticiones al Gobierno. Entre otras, se incluían más de 10 millones de euros al año en ayudas, sobre todo a I+D, no pagar IBI o que la policía pública se encargara de la seguridad de la fábrica. “El Gobierno puede ayudar desde el punto de vista de la I+D, de la eficiencia energética, en la formación de los empleados y en la gestión”, indicó Tapia dejando claro que no habrá medidas extraordinarias para la ACB como la que hacía referencia a la Ertzaintza.

Dejado a un lado aquellas exigencias, ambas partes celebrarán reuniones de carácter técnico para fijar la cuantía de las ayudas que se pueden prestar. La primera tuvo lugar ayer y giró en torno a los estímulos enfocados a I+D. “Valoraremos el esfuerzo de la empresa. La única responsable de hacer creíble ese plan es la empresa”, dijo Tapia, recordando que en todo momento reclamará un compromiso claro con el mantenimiento de la planta al menos los cinco años de los que habla Mittal.

La consejera no quiso fijar un plazo para alcanzar un acuerdo sobre las ayudas, pero sí recordó que, tras el visto bueno de la plantilla, la dirección puede retomar la producción en cuanto lo estime oportuno.