bilbao - Las arcas públicas dejan de ingresar en Euskadi cerca 3.735 millones al año a causa del fraude asociado a la economía sumergida, según un estudio encargado por el Gobierno Vasco a varios catedráticos de la UPV/EHU. De esa cantidad una parte corresponde a cotizaciones a la Seguridad Social e impuestos que gestiona el Estado, de forma que la pérdida para las haciendas de la CAV queda en unos 2.000 millones. El peso de la economía sumergida sobre el PIB es del 17,4%, cinco puntos menos que en el Estado español. El informe no incluye el impacto derivado de la ingeniería fiscal o de rentas en el extranjero no declaradas, por lo que el volumen real de fraude está por encima de estas estimaciones.

El departamento de Hacienda del Ejecutivo vasco hizo público ayer un informe de los catedráticos Ignacio Zubiri, Javier Fernández-Macho y Carmen Gallastegui que pone números al fraude que genera la economía sumergida. Los propios autores explican las dificultades con que se han encontrado a la hora de cuantificar el fraude y recuerdan que no se incluyen cálculos que midan la pérdida de dinero público por otras vías como las rentas en paraísos fiscales no declaradas, por lo que el informe no ofrece cifras reales del conjunto del fraude fiscal en Euskadi.

En todo caso, los cálculos ofrecen una panorámica completa de la evolución de la economía sumergida en Euskadi, que entre 1990 y 2014 se ha mantenido en el entorno del 17% del PIB, con un ligero repunte de cuatro décimas desde 2011. Se trata de un volumen de fraude significativo pero en todo caso en línea con la media europea, recoge el informe, y alrededor de cinco puntos inferior al peso que tiene la economía sumergida en el resto del Estado español, si bien el diferencial con España se ha recortado ligeramente en los últimos años.

más peso de la industria Esta diferencia en favor de Euskadi se debe, entre otras cuestiones, al mayor peso de las actividades industriales en la economía, un sector en el que el porcentaje de actividad no declarada es relativamente pequeño sobre todo por la mayor presencia de asalariados. En cambio, la mayor parte del fraude se concentra en la hostelería, en las actividades profesionales y en el comercio. En el periodo 2012-2014, más de la mitad del empleo oculto detectado en la CAV se correspondía con estos tres segmentos, según el informe de la UPV/EHU. Industria, construcción y transporte presentan un índice de fraude bajo.

Las inspecciones han detectado una media de 2.200 empleos ocultos -bien por falta de alta en la Seguridad Social o por realizar una jornada superior a la contratada- cada año entre 2010 y 2014, en suma más de 10.000 ocupaciones irregulares en cinco años. “Una cifra que, sin ser escandalosa, no es despreciable”, señala el informe, que en todo caso remarca que también en este aspecto la actividad no declarada es muy superior en el Estado, donde han aflorado 75.000 puestos de trabajo cada año, lo que representa un porcentaje del total del mercado de trabajo por encima del que registra la CAV. “Si la tasa de inspección fuera la misma, esto implicaría que el empleo irregular en Euskadi es un 45% inferior al de España”, indican los tres catedráticos. Además, precisan que a lo largo de la crisis la tendencia en el Estado ha sido al alza mientras en la CAV no se ha observado un incremento de las irregularidades.

También favorecen una tasa de fraude baja en relación a otros territorios el tamaño de los tres herrialdes de la CAV, más fáciles de supervisar, así como “una actuación más eficaz” de las autoridades fiscales.

inspecciones Resulta llamativo que prácticamente una de cada cinco inspecciones realizadas en empresas vascas en los últimos cuatro años han encontrado personas que o bien trabajaban sin estar dadas de alta en la Seguridad Social o lo hacían más horas de lo fijado en contrato. Destacan en este sentido, además de hostelería o comercio, el trabajo doméstico y la agricultura, donde casi la mitad de las inspecciones realizadas han dado con irregularidades -se precisa que las inspecciones no son aleatorias y se realizan allí donde hay indicios de fraude-.

Toda la actividad no declarada tiene un impacto sobre las arcas públicas de más de 3.700 millones al año, sumando lo que suponen las cotizaciones a la Seguridad Social y la recaudación tributaria, principalmente IRPF, Sociedades e IVA. La pérdida en impuestos sería alrededor del 60%, unos 2.300 millones, de los que la mayor parte corresponden a las haciendas de la CAV. Solo unos 300 millones de IVA serían gestionados por el Estado.

Los expertos recomiendan, además de ampliar el control y los análisis sobre la lucha contra el fraude, crear un Observatorio del Fraude independiente de las instituciones.