MADRID - Los responsables autonómicos han respirado con alivio al conocer que el Ejecutivo español ha aumentado el margen de objetivo de déficit para las comunidades, desde el 0,3 al 0,7%, pero piden más flexibilidad, dado los servicios que mantienen, y reclaman una mejora de la financiación.
La decisión de elevar el déficit no es definitiva, porque, como recordó ayer el Gobierno Vasco, debe ser aprobada por la Comisión Europea, una circunstancia que no se producirá en su caso antes de junio. De ahí que desde el Departamento vasco de Hacienda se pida “prudencia” al tratarse todavía de una “propuesta”.
Por su parte, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat catalana, pidió el miércoles en su reunión con el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, que llegara hasta el 1,07%. Su vicepresidente económico, Oriol Junqueras, celebró ayer la “ligera mejora”, aunque la cifra está “aún lejos de lo que nos correspondería”.
“Durante muchos años -dijo- hemos explicado, a menudo en solitario, que la situación era absolutamente insostenible, injusta y arbitraria”. Sin embargo, advirtió de que “es absolutamente evidente” que están “muy lejos del tercio” que les corresponde en función del conjunto de gasto publico que asume cada administración”.
El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, afirmó que todo lo que sea flexibilizar el déficit le parece “positivo”, aunque lamentó la forma en la que el gobierno ha hecho este anuncio, ya que entiende que habría que haber convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La presidenta de Baleares, Francina Armengol, estima que la medida “da la razón” a los gobiernos autonómicos que, como el suyo, han reclamado esta medida y, aunque “llega tarde, mejor tarde que nunca”. La consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, celebró que el Gobierno comparta el margen de déficit y afirmó que es una “batalla ganada por las comunidades que han trasladado con claridad y contundencia que no era posible recortar el Estado del bienestar”.
La portavoz de Castilla y León, Rosa Valdeón, resaltó que se trata de un “buen gesto” pero “no definitivo” y no despeja la “incertidumbre” de la financiación. A su juicio que lo haya comunicado el Ministerio de la Presidencia en lugar del de Hacienda no es una “desautorización” a Montoro, sino que muestra “un poquito de sensibilidad” que, sin embargo, “no es la solución” a la falta de financiación de la comunidad.
Mónica Oltra, vicepresidenta de Valencia, calificó la decisión de “arbitraria” y acusó a Montoro de decidir el déficit que se queda el Estado y el que traslada a las comunidades sin hablarlo con ellas. - Efe
