Madrid - El ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, ha anunciado un ajuste de 2.000 millones de euros para este año mediante la aprobación de un acuerdo de no disponibilidad de crédito en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 por dicha cantidad, con la finalidad de recortar el déficit público, que acabó en 2015 en el 5%, muy por encima del 4,2% comprometido con las autoridades europeas de Bruselas, y que hace muy difícil cumplir con el objetivo del 2,8% para este año.

Como se recordará el Gobierno del PP aprobó unos PGE para este ejercicio en base a un crecimiento de la economía española del 3%, cifra que a estas alturas del año prácticamente ningún organismo económico contempla. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un 2,6% de crecimiento con lo que el déficit quedaría en un 4%. Es más, el Ejecutivo español ha redactado los Presupuestos en base a una previsión de crecimiento del conjunto de los ingresos tributarios del 6,2%, frente al referido incremento del PIB del 3%. Esto supone que por cada punto porcentual que crezca el PIB español, los ingresos tributarios lo harán en dos puntos. Y la realidad señala que normalmente en la economía española ambas variables aumentan a tasas similares por lo que la previsión de ingresos difícilmente se cumplirá máxime con un crecimiento menor del presupuestado.

Estos menores ingresos de los previstos se reflejarán, como teme y advierte una y otra vez la Comisión Europea, en un déficit público superior al esperado y al pactado con la Unión Europea.

Por ello el ajuste de 2.000 millones de euros será totalmente insuficiente, según los analistas, máxime si hay un nuevo proceso electoral en España. El resultado es que el próximo Gobierno tendrá que hacer un ajuste muy importante del gasto salvo que Bruselas acepte, una vez más, volver a renegociar el calendario para reducir el déficit público en España.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Cristóbal Montoro, afirmó, según Europa Press, que con este acuerdo de no disponibilidad el Estado va a aplicar la misma medida que ha solicitado el Gobierno a las comunidades autónomas, y que debiera ser refrendado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Posteriormente, comenzará la negociación bilateral con las comunidades que se plasmará en nuevos planes de ajuste aunque algunas se niegan en redondo a hacerlos.

El Ejecutivo español ya ha adelantado que quiere un año más de plazo para cumplir con los compromisos pactados con Europa. El anuncio de ajuste de Montoro permitiría cumplir, en parte, con la recomendación que envió Bruselas al Ejecutivo español el pasado 9 de marzo, en el marco del procedimiento de déficit público excesivo, instando al Gobierno de Madrid a adoptar medidas para conseguir una corrección del déficit público. El problema es que Bruselas calcula que el ajuste tendrá que ser de al menos unos 8.500 millones de euros este año.

El ministro Montoro, en clave electoral de nuevo, adelantó que este recorte de 2.000 millones no afectará al gasto social ni a partidas que el Gobierno considera prioritarias como la seguridad, las transferencias a la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal, que gestiona las prestaciones por desempleo, a las becas de Educación o a las transferencias al Adif para gastos de mantenimiento del transporte ferroviario.

De hecho, del total de 2.000 millones de ajuste, 950 millones de euros se recortarán en aquellos gastos vinculados a operaciones del capítulo VIII de los Presupuestos con impacto en el déficit público y a las partidas de los ministerios de Economía, Industria y Fomento.

Previsiones. El Gobierno español contempla un crecimiento del PIB del 3% en 2016 y un aumento de los ingresos fiscales del 6,2%. El FMI reduce el crecimiento español al 2,6%.

Ajuste. Este primer ajuste anunciado de 2.000 millones está lejos de los 8.500 millones que calculan en Europa para poder hacer frente a los objetivos de déficit público.