bilbao - Reconoce abiertamente que le preocupa la pérdida de músculo en las empresas vascas, pero Raúl Arza (Laudio, 1963) es optimista sobre el papel que aun puede jugar su organización en Euskadi, “la cuna de la UGT”, remarca.
Ya ha anunciado que optará a la reelección en el Congreso del 5 y 6 de mayo. ¿Espera rival esta vez?
-Pienso que no va a haber candidatura alternativa. Hemos hecho estos años una importante labor de consenso dentro de la organización.
En 2013 (este Congreso se celebra un año antes de lo habitual) su rival, Pilar Collantes, enarboló un discurso muy crítico hacia el sindicato.
-En la UGT una vez elegido el secretario general el conjunto del sindicato rema en el mismo sentido. Ha habido una coincidencia plena en nuestra actuación con el objetivo de aumentar nuestra afiliación y representación porque de ahí viene nuestra legitimidad. Han sido unos años difíciles, con un ataque despiadado al sindicalismo y a la UGT porque hemos sido de las pocas organizaciones que nos oponíamos a la austeridad. Se ha atacado la negociación colectiva y se ha mermado nuestra capacidad de influencia a través del diálogo social. Con el Gobierno del PP ha habido un ataque al sindicalismo en su conjunto.
Los casos de corrupción tampoco han ayudado a su imagen.
-Hemos cometido errores, pero hemos sido ágiles en la toma de decisiones con la expulsión de los compañeros que cometieron irregularidades. Es más, creo que hemos sido una de las organizaciones que más rápido y con más contundencia han actuado contra la corrupción, como lo exigía la ciudadanía. Seguirá siendo así. Hemos puesto en marcha una comisión ética con independientes para evitar irregularidades.
Cándido Méndez ha cedido el testigo del sindicato tras más de 20 años al frente. ¿Es demasiado?
-Pienso que sí. El sindicato ha limitado el número de mandatos a tres, que son 12 años. Creo que dos mandatos, ocho años, es un tiempo más que suficiente, así que si soy reelegido en el próximo Congreso de mayo afrontaré mi último mandato. Los periodos tan largos no son buenos ni para la persona que ocupa el cargo ni para la organización. Con el tiempo todos nos acomodamos, en una secretaría general o en un trabajo, y eso no es bueno. Siempre hace falta gente nueva con ganas y con ilusión.
La elección de Josep Maria Álvarez como secretario general a nivel estatal se decidió por solo 17 votos. ¿Está dividida la UGT?
-No. Una vez elegido es el secretario general de toda la organización. Todos pelearemos por los mismos objetivos que son aumentar la transparencia y la eficacia y mejorar la presencia en las empresas. El mercado laboral tan precario y con tanta rotación dificulta la actuación, pero creo que podemos convencer a los trabajadores de que somos una herramienta útil.
Álvarez defiende abiertamente el derecho a decidir de Catalunya.
-Tiene que ver con la pluralidad del sindicato en Cataluña. UGT tiene muchos afiliados de partidos independentistas, pero eso no es extrapolable a otros territorios. No hemos entendido nunca cómo el Tribunal Constitucional recortó un Estatuto sometido a la ciudadanía. Eso ha aumentado las personas que quieren poder decidir y la posición del PP no ha ayudado. La UGT apuesta por una reforma constitucional que dé cabida a las reivindicaciones de Cataluña y de Euskadi.
Entiendo que usted no está a favor del derecho a decidir.
-No. Los referéndum sin acuerdos previos solo sirven para fracturar la sociedad. Es una postura de toda la UGT. En Euskadi defendemos que se actualice el Estatuto con un acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas y consensuado con el Gobierno de España. Es importante no solo completar las transferencias pendientes sino también dar al Estatuto una dimensión social que le falta.
¿Y las pensiones?
-Estamos a favor de la transferencia siempre que no haya ruptura de la caja única. Estamos a favor de la gestión aquí siempre que las cuantías fueran las mismas en toda España. El problema es que Euskadi tiene un déficit de más de 2.000 millones al año, hay bastantes más gastos que ingresos. El problema es de dónde sacamos esos 2.000 millones, no de dónde está la gestión como dice el Gobierno Vasco. O subimos impuestos o habría que bajar las pensiones. La solución está en crear empleo con mejores sueldos y sobre todo subir de forma importante el salario mínimo.
En la CAV los delegados de UGT son ya menos del 11%. ¿Le preocupa?
-Claro que sí. Nuestra afiliación, más de 35.000 afiliados cotizantes, no es proporcional con la representación. Tiene que ver con el modelo. En las elecciones sindicales participan 250.000 trabajadores, hay miles que no tienen capacidad para elegir representantes. Nos gustaría que se pudiera repensar el sistema para que dé participación a los trabajadores de pequeñas empresas. Por otro lado, Euskadi vive unos años sin terrorismo pero el daño a ciertas organizaciones está hecho. La labor de amedrentamiento ha hecho que haya habido afiliados que no se hayan querido presentar en las empresas.
Su presencia en Gipuzkoa es especialmente baja.
-No llegamos al 6% y eso lastra los resultados en todo Euskadi. En Álava estamos en el 20% y en Bizkaia en el 12-13%. Euskadi ha sido la cuna de la UGT y queremos convencer a la nueva Ejecutiva de que hay que hacer un esfuerzo aquí. Hace falta un plan para recomponer la situación de UGT volcando recursos para poner más afiliados y delegados en la calle.
¿Qué ocurrirá si pierden el listón del 10% que otorga la condición de sindicato representativo?
-En ningún caso la UGT por estar por debajo del 10% dejará de estar en los órganos institucionales. Somos un sindicato más representativo a nivel estatal y eso por irradiación sirve para todos los ámbitos territoriales.
¿Habrá Gobierno en Madrid o nuevas elecciones?
-Queremos que haya un Gobierno que revierta las reformas laborales, la ley mordaza, la Lomce y todos los ataques a los trabajadores. El acuerdo PSOE-Ciudadanos tiene un ramalazo liberal que no nos gusta. La subida del salario mínimo es muy limitada y en la reforma fiscal se podía haber ido más lejos, aunque ponemos en valor la derogación de algunas reformas. Puede ser un acuerdo de base pero que tiene que ser ampliado con Compromís, IU y Podemos.
¿Se puede hacer algo para salvar las acerías vascas?
-El margen es pequeño pero hay que buscar un gran acuerdo por mantener la industria. Hay que demandar al Gobierno central que abarate la energía y a Europa que tome medidas contra el dumping, social y medioambiental, lo más rápido posible.
¿Llegarán a tiempo esas medidas?
-Ojalá. Zumarraga y Sestao son fábricas competitivas y sus trabajadores han hecho todos los esfuerzos que se les han pedido. La empresa tiene que trabajar para mantenerlas, el cierre y la recolocación no es una salida.
ELA y LAB son muy críticos con el Gobierno Vasco. ¿Qué opina UGT?
-ArcelorMittal es un grupo con medio millón de trabajadores en el mundo. El que este tipo de empresas nos las compraran multinacionales parecía una solución, pero hoy vemos que no tienen ningún apego al entorno. El Gobierno Vasco tiene poca capacidad de actuación, aunque las empresas que han tenido ayudas deberían devolverlas si se marchan de aquí.
¿Qué balance hace del diálogo social en Euskadi?
-El cambio de consejero ralentizó la toma de decisiones, pero estamos satisfechos. Las ayudas al contrato de relevo se van a publicar en unos días con efectos al pasado 1 de enero. Esperamos que el plan de rehabilitación de viviendas se active pronto. Ha sido un foro de debate sobre asuntos importantes como la política industrial o la Estrategia de Empleo 2020.
¿Habrá más acuerdos esta legislatura? ¿Volverá CC.OO?
-La mesa está viva y creo que en estos meses saldrán acuerdos referentes a formación continua o seguridad laboral. Creo que CCOO volverá porque ya en abril se van a poner en marcha el contrato de relevo y el plan de rehabilitación de vivienda.
Usted es delegado en Lanbide, donde se llegó a un acuerdo mayoritario con los sindicatos sobre la plantilla. ¿Ha mejorado el servicio?
-Va a tardar tiempo. La Relación de Puestos de Trabajo afecta a más de 900 personas y estamos en una fase de acomodo de los nuevos puestos. La RGI está funcionando bien y ahora se trata de reforzar la orientación y la intermediación laboral.
El convenio estatal del metal ha abierto otro frente con ELA y LAB.
-Es un convenio que blinda la negociación colectiva provincial. No perjudica a Euskadi, en todo caso le beneficia porque permite la ultractividad para los acuerdos que no están firmados y ya dice que el salario y la jornada se negociarán en Euskadi. Hay que dejar de lado las estrategias egoístas. ELA ha hecho una apuesta clara por negociar en la empresa y creo que debemos intentar atraer a LAB a una nueva mayoría que permita recuperar los convenios. La patronal está cómoda con la desunión sindical, pero si nos unimos con demandas razonables tendrá que negociar.
¿Están en riesgo las 35 horas en el sector público vasco tras el recurso del Estado?
-Es una pataleta del PP. Lo único que hace el Gobierno Vasco es volver a lo que había antes de que empezaran los recortes. Pero el Gobierno Vasco aun tiene que devolver los canosos y lo que falta de la paga de 2012.