Gasteiz - La Comunidad Autónoma Vasca cumplió el pasado año con sus compromisos financieros -incluido el limitar el déficit público en relación al Producto Interior Bruto dejándolo en el 0,69%, frente al 1,66% de media de las CCAA-, mientras que España incumplió todos sus acuerdos con la Comisión Europea pues al final, las administraciones públicas gastaron 56.000 millones de euros más de lo que ingresaron, lo que dejó un déficit del 5,2% del PIB, un punto más que el 4,2% pactado con Bruselas e incluso más que el 4,5% anunciado por el Gobierno Rajoy en vísperas de la pasada campaña electoral cuando señalaba que todo estaba bajo control. Y todo ello pese al fuerte crecimiento de la economía española superior al 3,2% en 2015 y que permitió aumentar los ingresos fiscales en más del 4,5%.
Una vez más Euskadi dio un ejemplo de rigor y responsabilidad en la gestión de los dineros de todos. Frente a los que siguen endeudando a las siguientes generaciones que tendrán que pagar, caso del Estado español, más de un billón de euros de la deuda acumulada, en el País Vasco se ha optado por cumplir con los compromisos adquiridos y repartir, en lo posible, el esfuerzo del ajuste entre la generación actual y las siguientes. La CAV cerró 2015 con un déficit público del 0,69% del PIB y ha sido una de las tres comunidades, junto a Canarias y Galicia, que ha logrado situarse por debajo del objetivo fijado del 0,7%, según reconoció ayer el Ministerio de Hacienda.
En el caso de Nafarroa, aunque el gasto rebasó el listón previsto y dejó un déficit del 1,28%, la cifra también mejora la media estatal. Los peores resultados se dieron en el Levante mediterráneo, con Catalunya, Murcia y Valencia, por encima del 2,5% de déficit.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, precisó que el déficit público se elevó a 5,16% durante el año pasado, casi un punto más que el objetivo marcado con Bruselas a pesar del fuerte crecimiento económico que registró la economía española en 2015. La Administración central española registró un déficit del 2,76% frente al objetivo del 2,9% y los ayuntamientos incluso lograron un superávit presupuestario del 0,44% cuando tenían que registrar equilibrio. Las grandes incumplidoras son las comunidades autónomas que registraron un déficit del 1,66% del PIB frente al 0,7% y la Seguridad Social, con un desfase del 1,26% frente al límite comprometido del 0,6%. Y aquí Montoro no puede culpar a terceros del desvío.
La diferencia entre los gastos e ingresos del conjunto de las Administraciones públicas ascendió el año pasado a 56.608 millones de euros, lo que equivale a un déficit público del 5,2% del PIB, según el INE.
Y el problema del déficit público de los territorios de régimen común tiene dificil solución en un sistema en el que las comunidades autónomas gastan, con un sanidad y educación como grandes partidas y a las que dificilmente se les puede hacer mayores recortes, pero no ingresan, lo que diluye la responsabilidad exigible.
En todo caso, la cifra de déficit desborda todas las previsiones anticipadas por el Gobierno del PP, que erró o mintió a sabiendas con las elecciones a la vista, y aboca a España a una seria reprimenda por parte de Bruselas, posible multa incluida, y peticiones de un importantee recorte del gasto de unos 20.000 millones de euros en 2016 que tendrá que afrontar el nuevo Ejecutivo, si se acaba de constituir, o una subida de impuestos tras el recorte electoral del IRPF que puso en marcha el PP y que ha diluido el aumento de ingresos vía IVA.