madrid - La investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por la presunta comisión de delitos fiscales, corrupción entre particulares, blanqueo y administración desleal tendrá que ser declarada por el juez “causa compleja” para proseguir con las diligencias previas a la apertura del juicio oral.

Esta nueva figura ampliaría el plazo de una instrucción enquistada por la maraña de actores y el intrincado entramado societario que, según Hacienda, obstaculizan la elaboración de un informe que demuestre de forma definitiva y concluyente la existencia de suficientes indicios que incriminen a Rato.

Y es que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor en diciembre, fija un límite máximo de seis meses para una fase de instrucción que deberá ceñirse a las diligencias previas necesarias y no a probar la comisión del delito, competencia del tribunal. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Antonio Serrano-Arnal, dispone al menos de tres meses para declarar la complejidad del caso, iniciado en abril de 2015, dado que la ley prevé que todas las causas empezadas antes de diciembre vencerán el próximo 6 de junio.

Hasta entonces tendrá de plazo como mínimo el titular del juzgado de instrucción para dar por concluidas sus pesquisas y ordenar o no la apertura del juicio oral, finalizando una fase de instrucción que, de apurar el plazo, habrá durado 14 meses, más del doble de lo que permite la actual ley. Una dilación que no excluye la posibilidad de que el juez invoque esta nueva figura judicial y declare el caso “causa compleja”, otorgando así un nuevo límite que llevaría la investigación hasta los 18 meses, con la posibilidad de ampliarse a 36.

Aunque la ley no determina cuándo empieza a contar esta prórroga, si a partir del pasado abril cuando se produjo el inicio del procedimiento o desde la entrada en vigor de la reforma a finales de 2015. Para que ello ocurra será la Fiscalía quien tenga que solicitarlo al instructor al menos tres días antes del vencimiento del plazo ordinario, siempre que considere que las diligencias no pueden completarse en el tiempo previsto por circunstancias sobrevenidas. - Efe