madrid - El juicio a los sindicalistas conocidos como los ocho de Airbus por su actuación en la huelga general de 2010 contra la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero ha quedado visto para sentencia, después de que la Fiscalía haya retirado los cargos a dos de ellos y rebajado las penas al resto.

En la cuarta sesión del juicio que se celebró ayer en la sala de lo penal número 1 de Getafe, se presentaron las conclusiones finales de la Fiscalía y de los abogados defensores, tras las cuales el magistrado Abel Téllez ha indicado un plazo de cinco días para dictar la sentencia. No tendrá que hacerlo sobre dos de los acusados, Edgar Martín y Armando Barco, a los que el Ministerio Fiscal ha retirado en su exposición todos los cargos de los que los acusaba.

En sus conclusiones, la fiscal ha reducido la petición de condena para el resto de los procesados, que ha pasado de los ocho años y tres meses de prisión iniciales a cuatro años y seis meses. Esta solicitud está dividida en dos años de prisión por un delito contra el derecho de los trabajadores, uno por atentado y seis meses por cada uno de los tres delitos de lesiones que ha mantenido la fiscal tras el proceso, pues originalmente existía uno más que ha reducido finalmente al nivel de falta.

Para esta decisión, la fiscal ha aceptado como atenuante el pago de indemnizaciones a los agentes y el trabajador agredidos, si bien considera que los testimonios y pruebas presentados han probado que en aquella jornada de huelga en la fábrica de Airbus se produjeron “hechos constitutivos de delito”. En concreto, la fiscal hizo especial referencia al incumplimiento del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a quienes “coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga” y que ha dotado al proceso de una especial significación política.

Precisamente la aplicación de dicho artículo es considerada por los sindicatos una amenaza al derecho de huelga e incluso a los “principios democráticos” y partidos políticos como PSOE, Podemos o Izquierda Unida han mostrado durante los últimos días en distintos foros su voluntad de derogarlo.

Según la fiscal, en aquella huelga, los acusados, que se encontraban concentrados a las puertas de la fábrica, llevaron a cabo “tareas que sobrepasan los límites permitidos en el derecho de huelga” dado que la ley “condena los piquetes violentos” y entiende que se cometió una “coacción grave de la libertad ajena”. - Efe