madrid - Los ocho de trabajadores de Airbus acusados de impedir la entrada al trabajo a sus compañeros y de agredir a varios policías durante la huelga general de 2010 han concentrado el apoyo unánime de la izquierda y de las organizaciones sindicales. Los ocho de Airbus, que se enfrentan a penas de más de ocho años de prisión por delitos de atentado, lesiones y contra el derecho de los trabajadores, estuvieron arropados ayer en el inicio del juicio por sus compañeros y numerosos líderes políticos y sindicales, que piden su absolución y denuncian que el caso pone en jaque el derecho de huelga.

Los acusados declararon ayer ante la Sala de lo Penal número 1 de Getafe, donde negaron en todo momento que agredieran a los agentes de policía, impidiesen la entrada a los trabajadores a la fábrica o se diesen instrucciones para ello. Están acusados de coaccionar a sus compañeros y forzarles a secundar la huelga general del 29 de septiembre de 2010 convocada por CCOO y UGT en el Estado español contra la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, la petición de prisión de la Fiscalía se sustenta en el artículo 315.3 del Código Penal que recoge penas de cárcel para “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.

Los ocho acusados negaron ayer ante el magistrado Abel Téllez los hechos imputados y defendieron su inocencia. En su declaración, Tomás García, quien fuera presidente del comité de empresa de Airbus en Getafe negó “rotundamente” que se impidiera la entrada de los trabajadores a la fábrica y explicó que “después del tumulto y los disparos”, los policías “estaban muy inquietos”, aunque ha asegurado desconocer lo que motivó los altercados.

Otros acusados indicaron también que no dieron instrucciones para impedir la entrada a la fábrica a sus compañeros, negando también las agresiones a agentes. Jerónimo Martín, montador de aeronaves sin responsabilidad sindical en el momento de los hechos, explicó que vio el tumulto desde fuera y que se acercó a la puerta para ver qué pasaba, y recibió “un palazo en la cabeza” por el cual quedó “medio inconsciente” y fue trasladado al botiquín de la empresa “sangrando como un gorrino”, por lo cual considera que fue identificado por la policía para ser posteriormente denunciado.

El juicio, que se prolongará hasta el viernes, comenzó marcado por la presencia de los líderes de CCOO, Ignacio Toxo, de UGT, Cándido Méndez, así como varios líderes políticos y diputados del PSOE, Podemos o IU, entre otros. En la manifestación de apoyo a los acusados, que partió de la planta de Airbus en Getafe, unos y otros denunciaron que se juzgue a sindicalistas por ir a la huelga y pidieron su absolución, así como la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. - DNA

Protesta en Bilbao. Los secretarios generales de CCOO y UGT de Euskadi, Unai Sordo, y Rául Arza, mostraron ayer su solidaridad con los sindicalistas de Airbus juzgados por coacción a la huelga y reclamaron que se derogue el artículo 315.3 del Código Penal porque la “huelga no es un delito”. Sordo y Arza participaron en un acto ante el Palacio de Justicia de Bilbao al que asistió también la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, y en el que se pidió la absolución de los sindicalistas.