BILBAO - La juez del caso Cabieces considera que hay indicios de delito en el contrato que ligaba al anterior delegado del Gobierno con Kutxabank a través de un bufete de abogados. Salvo que prosperen los recursos de las defensas, habrá juicio y Mario Fernández y Mikel Cabieces se sentarán en el banquillo como autor y cooperador en un delito de administración desleal, en concurso con apropiación indebida. También será juzgado como cómplice Rafael Alcorta Calleja, el propietario del despacho que contrató a Cabieces.
El siguiente paso será la presentación, previsiblemente este mes, de las peticiones de pena de las acusaciones. Después de señalará una fecha para la vista oral, que, según fuentes conocedoras del proceso, podría celebrarse en octubre o noviembre.
Son los plazos oficiosos que se manejan para un juicio que generará una gran expectación por sus protagonistas y por el perfil mediático del principal imputado, Mario Fernández. El encargado de poner en marcha Kutxabank se enfrenta a penas de uno a seis años por administración desleal y de seis meses a tres años por falsedad documental.
Cabieces solo es acusado de administración desleal en grado de “cooperador necesario”, mientras que Alcorta es cómplice en los dos delitos. El auto del procesamiento, con fecha del pasado viernes y hecho público ayer, centra en esas tres personas la causa. La juez de instrucción, Ana Álvarez, considera que fue Fernández el que tomó directamente la decisión de ampliar la iguala con el bufete para que Cabieces cobrara 5.783 euros al mes durante tres años. Recibía otros 900 euros mensuales en concepto de gastos de viaje. Es un sueldo que la magistrada considera “desproporcionado” en relación “al valor de la actividad desarrollada”, que, según detalla el auto, era de un perfil muy bajo.
En concreto, la labor de Mikel Cabieces se limitaba a la “confección “escritos sencillos, presentación de prueba y búsqueda de jurisprudencia, normativa o bibliografía, siempre bajo la supervisión” de Rafael Alcorta. En el auto se estima que esas tareas no justifican la ampliación del contrato de Kutxabank con el despacho de abogados, que facturaba 93.600 euros anuales al banco por asesoramiento y defensa en materia laboral y de Seguridad Social. La llegada de Cabieces en marzo de 2012 supuso un incremento de casi 70.000 euros al año en la iguala del bufete pese a que las labores de las que se ocupaba el exdirigente del PSE “no respondían a un servicio adicional”.
fin del contrato También encuentra la juez indicios de “fraude” en la forma en la que se liquidó el contrato en octubre de 2014, ya que Cabieces recibió 29.078 euros para completar las cuatro mensualidades que le restaban para cumplir tres años de relación, a pesar de que durante esos meses “es claro que no se desarrollo ningún servicio para la entidad”.
Añade el auto que queda probado que el objetivo de la relación no era, como se aseguraba en el contrato, facilitar la incorporación al mercado laboral de Cabieces asumiendo su formación, porque no se trata de un “valor de futuro para la entidad”. Tampoco hay constancia de que viajara a Córdoba para reunirse con los letrados de Caja Sur -otro de los supuestos cometidos que tenía asignados-. El contrato “escapó de toda posibilidad de control” al estar al margen de los cauces habituales de contratación de servicios de Kutxabank y no hay forma de saber si el trabajo se “materializó”. Más bien todo lo contrario, a tenor del auto de procesamiento.
A la hora de fijar responsabilidades, el escrito de la juez afirma que Fernández “impuso” al director de Recursos Humanos de Kutxabank los abonos periódicos del salario de Cabieces. Así, exime tanto al directivo como a la entidad de cualquier culpa. Kutxabank no entró ayer a valorar el auto -no se considera parte al haber recuperado el dinero cobrado por Cabieces- y defendió su actuación en el proceso. Puso en conocimiento de la fiscalía los “pagos irregulares” tras consultar con el BCE y considera que ha actuado con la “máxima diligencia” para “salvaguardar el buen nombre y los intereses del banco”.
La defensa de Fernández se ha basado hasta ahora en señalar que la contratación de Cabieces se produjo tras un supuesto pacto entre socialistas y populares para buscar una salida laboral al exdelegado en Euskadi del Gobierno de Zapatero. Según su versión, se limitó a cumplir la “ley no escrita” que obliga a ayudar económicamente a quienes han estado “en primera línea de la lucha antiterrorista”.
Aunque Fernández no se lucró con el contrato y ha devuelto de su propio bolsillo el dinero que cobró Cabieces, las leyes no escritas chirrían cuando se topan con el código penal y la “crudeza” del auto judicial le pone en una “complicada situación”, según fuentes judiciales. Fernández reiteró ayer su “integridad y honestidad” al frente de Kutxabank y aseguró que defenderá su honor cuando le sea notificado el procesamiento.
Iguala con Alcorta Abogados. La relación de Kutxabank con el bufete de Rafael Alcorta se remonta a febrero de 2009, cuando BBK firma un contrato (iguala) con el despacho para la prestación de servicios jurídicos para asesoramiento, gestión y defensa de los intereses de la entidad financiera en el orden laboral, sindical y de Seguridad Social. Tras la fusión, Kutxabank renueva ese servicio en enero de 2012. La duración de ese contrato se pactó para dos años, prorrogables tácitamente por periodos de un año y se fijó un precio por los servicios de 93.600 euros anuales. No hay ninguna duda judicial sobre la legalidad del acuerdo y los servicios prestados están documentados.
Contratación de Mikel Cabieces. El 29 de febrero de 2012, el entonces presidente de Kutxabank Mario Fernández da instrucción al director de Recursos Humanos del banco para que gire facturas mensuales a Alcorta Abogados por un importe de 5.783 euros. El bufete trasladaba esa cantidad a Mikel Cabieces a través de cheques nominativos. El exdelegado del Gobierno buscaba jurisprudencia y confeccionaba “escritos sencillos” sobre los temas que le trasladaba Rafael Alcorta vinculados con el banco.
Sale a la luz el ‘caso Cabieces’. Tras ser informado sobre los pagos “irregulares” a Cabieces al tomar las riendas del banco, Gregorio Villalabeitia consulta la situación con el Banco Central Europeo. El supervisor financiero le aconseja poner los hechos en conocimiento de la fiscalía. En aquellos momentos, Mario Fernández ya había devuelto a Kutxabank el dinero cobrado por Cabieces y la relación ya había finalizado. Sin embargo, el fiscal vio indicios de delito y dio traslado de la causa al tribunal. El banco no se presentó como acusación particular al haber sido reintegrados los fondos.
Auto de procesamiento. Tras un año de instrucción, la juez Ana Álvarez ordena el procesamiento de los tres imputados. Las acusaciones particulares, la fiscalía y el sindicato LAB, presentarán a lo largo de este mes los escritos en los que detallarán sus peticiones de penas. El proceso no se paralizará aunque recurran las defensas.
Posibles fechas para el juicio. Aunque no hay un plazo concreto para la vista oral, fuentes jurídicas estiman que el juicio podría celebrarse en octubre o noviembre de este año.
de 6 meses a 6 años
mario fernández. Está acusado de Administración desleal y fraudulenta en concurso con un delito de apropiación indebida -de 1 a 6 años- y de otro delito de falsedad documental -de 6 meses a 3 años-.
de 1 a 6 años
Mikel cabieces. Está acusado de Administración desleal “como cooperador necesario”, la pena por ese delito es de uno a seis años, al igual que para Fernández, si bien si hay condena su pena sería menor al no ser considera el autor.
