GAsteiz - La dirección de Aernnova retiró ayer el expediente de regulación de empleo con el que pretendía despedir a 133 trabajadores de la planta de Berantevilla para quitarse de encima la presión de los trabajadores, del Gobierno Vasco y la Diputación alavesa y de la opinión pública en general. La presentación del ERE en Araba ha coincidido con la ampliación y el anuncio de contratación de 145 personas en la planta de Toledo y, tras seis días de polémica y a las puertas del inicio de las movilizaciones de la plantilla, la compañía da marcha atrás en un intento de que las aguas vuelvan a su cauce.
El ruido generado por la decisión y el eco en la prensa han sido demasiado fuertes para una empresa que ayer reafirmó su compromiso con Euskadi y Araba y que incluso siguió justificando los despidos. “El clima de opinión creado hace imposible el desarrollo de la gestión del ERE en condiciones de normalidad”, aseguró la compañía en un comunicado.
Lo cierto es que además del rechazo frontal del Gobierno Vasco, que debe emitir un informe -a favor o en contra- antes de que los jueces resuelvan el expediente si no hay acuerdo con la plantilla, el ERE tenía que sortear un gran obstáculo: convencer al tribunal de que la fábrica de Berantevilla trabaja de forma autónoma y gestiona pedidos y compras a proveedores fuera del paraguas del grupo. El matiz era importante porque más allá de los problemas de la planta alavesa, Aernnova está en beneficios y, además, sigue invirtiendo, como demuestra el nuevo proyecto en Castilla-La Mancha.
Colaboración institucional Tanto el comité de empresa, como el Gobierno asco y la Diputación alavesa aplaudieron la retirada del ERE, un paso que abre una puerta a buscar en la fábrica de Berantevilla soluciones menos drásticas que el ajuste de plantilla. “Ahora tenemos un margen para explorar qué se puede hacer y para que la Administración colabore en la mejora de la situación de la planta”, aseguró a DNA la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia. El movimiento de Aernnova es “sensato”, pero hay que “seguir trabajando” y en esa línea el Gobierno se pone a disposición de la compañía para buscar fórmulas que corrijan la situación en Berantevilla.
De hecho, la consejera de industria y el presidente de Aernnova, Iñaki López Gandásegui, tenían previsto reunirse ayer por la tarde, pero Gandásegui canceló la cita por mail horas antes, avanzando que se retiraba el despido colectivo y que, a su juicio, no había motivos para celebrar el encuentro. Sin embargo, el Gobierno estima que la reunión es más necesaria ahora si cabe, puesto que el objetivo es buscar fórmulas que garanticen el mantenimiento del empleo a largo plazo.
A día de hoy no hay fechas para un nuevo encuentro. Pese al interés del Ejecutivo, Gandásegui aplazó y posteriormente canceló otra reunión la semana pasada y no parece dispuesto sentarse con Tapia a corto plazo.
Lakua y la plantilla coinciden en que todo pasa por diversificar la producción de Berantevilla de cara a que reciba más carga de trabajo. En cambio, desde la dirección se asegura que no solo hay “un exceso de capacidad” en la planta, también “una falta de competitividad estructural”.
Reducción de salario Ese mensaje se alinea con el intento de la empresa de que los trabajadores accedan a una rebaja salarial del 10%, un porcentaje por cierto establecido para la plantilla que quedaría tras el ERE y que ahora podría elevarse.
En su comunicado, Aernnova quiso marcar distancias con el proyecto de Toledo y negó, como sostiene la plantilla, que el pedido de Illescas pueda desviarse a Berantevilla.
También reafirmó la compañía “su compromiso” con Araba y el País vasco, “donde se encuentra su sede social y las actividades de mayor valor añadido”. Así contrapuso el empleo total que genera Aernnova en La Mancha -600 puestos de trabajo- con los más de 1.500 contratos que mantiene en Euskadi, la mayoría de ellos en las plantas alavesas.
La firma de López de Gandásegui dejó entrever cierto malestar con la consejera de Desarrollo Económico. Sin referirse directamente a Tapia, la compañía negó “rotundamente haber planteado chantaje alguno a las administraciones vascas”, un reproche que le hizo la consejera la semana pasada y que, seguramente, ha sido la maniobra de presión que ha dejado más huella.
La Diputación alavesa también se ha mostrado muy beligerante. Ayer, tras saludar la “buena noticia” mostró su deseo de que la retirada del ERE dé paso a un acuerdo que asegure el futuro de la planta alavesa y suponga una garantía para los trabajadores. De momento, en ese escenario de negociación hay una propuesta de rebaja salarial y de aumento de jornada laboral que no es del agrado del comité.