MADRID. El Tribunal de Cuentas se prepara para abandonar su sede principal de la calle Fuencarral de Madrid, que debe ser objeto de una remodelación completa, y trasladarse durante cerca de dos años a un edificio en alquiler por el que habrá de pagar al año 1,8 millones de euros, lo que supone una media mensual de 150.000 euros.
A partir de enero, su destino será el inmueble del número 100 de la calle José Ortega y Gasset, en pleno Barrio Salamanca, que estuvo ocupado entre 2003 y 2015 por la Concejalía de Asuntos Sociales, dirigida durante ocho años por Ana Botella, que fue quien decidió abandonar este edificio al poco de hacerse cargo de la Alcaldía.
Este edificio, propiedad de la Inmobiliaria Colonial del Grupo Villar Mir, tiene una superficie de 7.600 metros cuadrados. El Ayuntamiento pagó más de 3 millones de euros por unas obras de acondicionamiento antes de ocuparlo y pagó por el alquiler 11,4 millones de euros entre 2004 y 2008, año en el que renovó el contrato por un precio anual de casi 3,5 millones.
MEJOR PRECIO QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Ahora Patrimonio ha conseguido un precio mejor, pues según indicaron a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas la factura del alquiler será de 1,8 millones al año, lo que supone una cuota mensual de unos 150.000 euros. Aunque quien negocia es Patrimonio, el coste corre a cargo del Tribunal de Cuentas.
Precisamente para realizar la mudanza de las sedes de la calle Fuencarral y también de Beneficencia al edificio del Barrio Salamanca, el Tribunal de Cuentas ya ha licitado un contrato de servicios con un importe estimado de 121.000 euros (IVA incluido) a pagar con cargo a los presupuestos de 2015 y 2016.
El traslado deberá realizarse en un plazo máximo de diez días que comenzarán entre el 10 de diciembre y el 22 de enero, y el servicio incluye tanto el suministro de los elementos necesarios para la mudanza, como los permisos de aparcamiento y maquinaria necesaria para vaciar el inmueble.
El adjudicatario se encargará de embalar, cargar, transportar, desembalar e instalar 555 puestos de trabajo (mesa, cajonera, silla, armario, reposapiés, documentación, etc.), pequeño mobiliario (percheros, paragüeros, lámparas de pie, alfombras, mesas auxiliares, sillas, etc.), doce mesas de reuniones, 90 taquillas de vestuario, elementos informáticos (impresoras, ordenadores, escáneres, etc.), 1.000 cajas de documentación, 29 armarios, cuadros, doce tresillos, catorce neveras, cuatro microondas y el servicio médico (dos camillas, sillón de reconocimiento, vitrinas, un contenedor de ropa sucia, material y utensilios sanitarios, etc.).
Junto con la mudanza, el Tribunal también ha licitado un contrato de suministro de mobiliario administrativo para su nueva sede temporal, que le será entregada vacía. En concreto, pagará hasta 242.000 euros (IVA incluido) por 275 mesas de trabajo válidas para dos puestos de trabajo, otros tantos cajoneros, 275 armarios y otros elementos.
550 TRABAJADORES AFECTADOS
El traslado a Ortega y Gasset afectará a medio millar de trabajadores del Tribunal de Cuentas. Mientras dure la mudanza, el edificio de la calle Fuencarral, obra de Francisco Jareño y construido entre 1860 y 1863, será sometido a una completa rehabilitación interna.
La sede de la institución fiscalizadora, que da nombre a la zona de Madrid donde se asienta (Tribunal), está estructurado en torno a un patio central y consta de cinco plantas, incluyendo un semisótano y una bajo cubierta. El inmueble goza de protección singular y forma parte del conjunto histórico de la Villa de Madrid.
El pasado verano el organismo fiscalizador ya adjudicó a la empresa Socored It Solutions, S.A. por 33.390 euros (IVA incluido) un contrato de obras para adecuar la planta sótano del edificio y trasladar a ella el nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD), hasta entonces ubicado en la tercera planta. Además, a lo largo de 2014 se realizaron otros trabajos de adecuación del semisótano por valor de 1,68 millones de euros (IVA incluido).
Todos estos contratos de obras adjudicados por el Tribunal de Cuentas fueron objeto de polémica hace un año por presuntas irregularidades en el troceo de diferentes proyectos para poder adjudicarlos sin concurso, unas acusaciones que el presidente del organismo, Ramón Alvarez de Miranda, desmintió de forma taxativa en una comparecencia parlamentaria, recordando que la institución ocupa varios edificios y que las obras no podían acumularse porque no se han acometido al mismo tiempo ni en el mismo lugar.
