madrid - El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha finalizado la investigación sobre la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y ha propuesto juzgar a ocho antiguos directivos de la caja, entre ellos su expresidente Modesto Crespo, por cobrar “indebidamente” 47,3 millones de euros, falsear las cuentas de la entidad y llevar a cabo un “plan concertado” que llevó a la quiebra a la entidad, que tuvo que ser rescatada en junio de 2011 con un coste para el erario público de 5.249 millones de euros.

Así consta en un auto de transformación en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, en el que el magistrado propone sentar en el banquillo, además de a Crespo, a los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y al ex director general de Recursos Vicente Soriano Terol. También propone juzgar al exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y a los antiguos responsables de Inversiones y Riesgo, Francisco José Martínez; Financiación y Gestión de Liquidez, Juan Luis Sabater; e Información Financiera, Salvador Ochoa.

El juez atribuye a los procesados falseamiento de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación de la sociedad, apropiación indebida o administración desleal y falsedad en documento mercantil. Gómez Bermúdez también señala que los miembros del comité de dirección de la CAM “cobraron indebidamente” 47,3 millones de euros por diversos conceptos retributivos.

El magistrado, que da diez días a la Fiscalía y a la acusación particular para que formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento, señala que el balance correspondiente al año 2010 “debería haber sido menor” en 210,3 millones de euros después de impuestos, ya que se produjo una “indebida liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados”. Los gestores de la CAM también habrían contabilizado “de forma irregular” el reparto de dividendos de las sociedades filiales de la entidad y la dotación relativa al fondo de prejubilaciones, con “un efecto perturbador respecto de la imagen fiel de la situación económica de la entidad”.

Entre las operaciones financiero-contables que permitieron la manipulación de las cuentas de la entidad se encuentran la baja de “las provisiones relativas a créditos titulizados de deuda de muy baja calidad y, a sabiendas, contabilizó de forma incorrecta un contrato de SWAP (permuta financiera), ocultando la existencia de opciones de compra. El juez también señala que los balances de 2011 no reflejaban “la situación crítica” de la caja alicantina y ofrecían una “imagen distorsionada”, al aparentar unos beneficios de unos 60 millones de euros cuando en realidad presentaba “unas pérdidas por importe de 1.136 millones”.

El auto también recuerda que el 27 de mayo de 2011, “fracasado el intento de fusión con otras entidades”, Amorós presentó un balance sobre el primer trimestre que ofrecía un beneficio de 39,8 millones de euros. El resultado del primer semestre, presentado por Amorós y Sogorb, elevaba el beneficio a 65,3 millones. “Estos datos de 2011 ocultaban la realidad de la CAM y agravaron su situación de insolvencia, perjudicaron a inversores y demoró la adopción de las medidas necesarias para evitar la inyección de 5.249 millones de euros de dinero público por el Fondo de Garantía de Depósitos, para evitar el riesgo que suponía para el sistema financiero español”, señala el auto. - E.P.