MADRID. La noticia de que Rato se acogió a la denominada 'amnistía fiscal' aprobada por el Ejecutivo del PP en 2012 y que podría estar siendo investigado por blanqueo de capitales ha abierto una nueva brecha entre el PP y el que en su día fuera considerado impulsor del "milagro económico español".

De hecho, varios cargos del Gobierno y del PP marcaron distancias este miércoles con el exvicepresidente económico, defendiendo la necesidad de que ofrezca explicaciones como cualquier ciudadano. El portavoz del comité de campaña del PP, Pablo Casado, se ha mostrado hoy más contundente al asegurar que, aunque ya no es militante del PP, su partido debe ser "inflexible" porque "la ejemplaridad en política es fundamental".

Precisamente fuentes 'populares' han señalado que 'Génova' no tiene "margen" para actuar contra Rodrigo Rato porque está suspendido de militancia desde el pasado mes de octubre por las tarjetas opacas 'y no ha sido readmitido en el partido.

En este sentido, han insistido en que desde la dirección nacional del PP no se puede hacer nada y han recordado que la investigación corresponde en todo caso ahora al Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac).

CARTA A COSPEDAL

El pasado 20 de octubre, trece días después de que el Comité de Derechos y Garantías del PP le abriera expediente por el caso de las 'tarjetas black', el propio Rato envió una carta a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, solicitando la "suspensión temporal de militancia del PP" hasta que "todos los hechos" quedaran "esclarecidos".

En esa misiva, Rato expresaba su firme convicción "de haber actuado siempre dentro de la legalidad". "En el convencimiento de que esas tarjetas emitidas, conocidas y controladas por la entidad, eran para uso personal y formaban parte de mi salario. Como tal, eran declaradas y contabilizadas", añadía.

Además, Rodrigo Rato se ponía a disposición del partido para "todas las explicaciones" que se le pudieran requerir ante los órganos pertinentes. A raíz de esa petición del exministro, el PP paralizó la investigación interna por el presunto uso frauduelento de las 'tarjetas B' alegando que esa suspensión era automática.

LOS FRENTES ABIERTOS DE RATO

Rato está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia y en la pieza separada en la que se analizan las 'tarjetas black' opacas al fisco en la que los exconsejeros de esta entidad y de Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros.

En la pieza principal, en la que están imputados los antiguos miembros del Consejo de Administración de Bankia, el juez Andreu atribuye a Rato los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

En la pieza separada del 'caso Bankia' en la que se investigan las 'tarjetas black', Rato está imputado inidiciariamente, junto a otros 77 exdirectivos de Caja Madrid, por los delitos de administración desleal y apropiación indebida, a la espera de que el juez determine la responsabilidad de cada uno de ellos.

Además, el juez Andreu investiga el pago de 6,2 millones del banco de inversiones Lazard a Rodrigo Rato por los trabajos de asesoría que realizó para la entidad tras abandonar la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI). El compareciente aseguró ante el juez que ese dinero provenía de unas acciones adquiridas durante su etapa como director gerente de la entidad.

A todo eso se suma ahora el hecho de que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) esté investigando por un posible delito de blanqueo de capitales a Rato tras acogerse a la amnistía fiscal.