Le proponemos un ejercicio: vacíe sus bolsillos y deje los objetos que lleva encima sobre una mesa. Supongamos que usted deposita las llaves de casa, las del coche, una cartera con documentación, tarjetas, algunas monedas... el inventario más común. Bien si alguien audita sus pertenencias, le dirá que, probablemente y gracias a la información aportada, es usted propietario de una casa, de un vehículo, que dispone de una cuenta corriente... Básicamente el auditor ve lo que usted tiene y aplica el método deductivo. Con eso bastaría para saber cuáles son sus pertenencias. O no. “El problema es que la contabilidad es tramposa”, subraya Francisco Rodríguez, economista y profesor de la Universidad de Deusto. “El auditor constata lo que tienes, lo que ve, lo que le enseñas, pero a partir de ahí si el que solicita la auditoría no ofrece toda la información o lo que te ofrece es falso, el valor de la auditoría no sirve porque el auditor actúa sobre una información que no es veraz”, explica un experto auditor. En ese punto, usted, que tiene una casa de veraneo y un segundo coche, pero no lleva las llaves de ninguna de sus pertenencias encima, o simplemente no quiere enseñarlas o trata de engañar al controlador, invalida la auditoría.

Ese es el punto débil de las auditorías, su talón de Aquiles. El caso de Arthur&Andersen con Enron, el gigante energético estadounidense que falsificaba las cuentas para exhibir músculo donde solo había hueso, es el paradigma de cliente que engaña a los auditores para hacer creer que su situación financiera es mejor de lo que realmente es y aprovecharse así de la situación. Parmalat, en Italia, actuó del mismo modo. La empresa láctea vendía un cartón de leche, facturaba dos y contabilizaba tres. Las cuentas de la lechera. El saldo para Parmalat siempre era positivo hasta que se descubrió el engaño debido a unos movimientos financieros que pusieron la lupa sobre la sobredimensionada empresa. La compañía estuvo a un dedo de irse a la ruina por la pantagruélica deuda que acumulaba aunque eso no aparecía en la contabilidad. Calisto Tanzi, el presidente y fundador de la compañía, fue condenado a 18 años de cárcel en la que fue la mayor bancarrota europea de 2003.

En España, Bankia, que salió a bolsa a golpe de campana en plena orgía del despilfarro, con Rodrigo Rato como maestro de ceremonias, también trampeó las cuentas ante los auditores y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, organismo que supervisa las salidas al parqué bursátil. La CNMV daba por buenas las cuentas que le ofrecía la Bankia de Rato y de Blesa. En las cuentas, en los artificios financieros, en la ingeniería, estaba la trampa y un escándalo financiero mayúsculo que ha necesitado más de 20.000 millones de euros de dinero público, del bolsillo del contribuyente, para parchear el agujero financiero de una gestión que rozó lo delictivo.

Saltarse los controles, esquivar los filtros, no es un asunto meramente doméstico. Ocurre, sin embargo, que una vez detectadas las malas artes, las reacciones de las autoridades resultan diametralmente opuestas ante hechos semejantes o al menos comparables.

Multa a Standard & Poor’s A primeros de año se conoció que las autoridades norteamericanas imponían una multa de a la agencia de calificación Standard&Poor’s de 1.375 millones de dólares (1.210 millones de euros) acusada de haber manipulado la calificación de los valores respaldados por hipotecas, las conocidas como subprime y que son el germen de la crisis financiera que aún padece medio mundo.

“El problema principal con las agencias de calificación es que alguien que debe certificar el riesgo no lo haga a priori, que debe ser su cometido, sino que lo haga cuando ya es evidente para todos el problema”, estiman los economistas. Esa es la base de las demandas contra Standard &Poor’s, agencia de rating, pactó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y una veintena de Estados abonar la deuda para que el proceso abierto contra ella no continuara adelante. La Administración norteamericana siempre mantuvo que sin esa calificación desorbitada, las instituciones financieras no habrían invertido en esos paquetes de deuda que al final acabaron yéndose a pique. Además del pago a la Justicia norteamericana, se debe añadir a la cuenta de S&P los 77 millones de dólares (67 millones de euros) que pagó por el mismo motivo ante las acusaciones presentadas por la Comisión de Valores de EEUU (SEC) y las fiscalías de Nueva York y Massachusetts. La SEC percibirá 58 millones, mientras que la agencia de calificación pagará 12 millones de dólares al estado de Nueva York y otros 7 millones es (6 millones de euros) al de Massachusetts.

“Ninguna violación de la ley es lo suficientemente compleja para ser perseguida y exigir responsabilidades”, explicó el fiscal general Eric Holder, que subrayó que S&P antepuso sus intereses al de los inversores, lo que generó un gran quebranto que hizo un “daño mayor a la economía”. La multa pactada con S&P, impensable en el modelo español, se queda, no obstante, muy corta respecto a otras sanciones que las autoridades norteamericanas han fijado a varias entidades bancarias que se situaron en el foco de la gran crisis. De hecho, la fiscalía de Estados Unidos impuso 16.650 millones de dólares (14.623 millones de euros) de multa a Bank of America por la forma en que Merrill Lynch y Countrywide, corporaciones que adquirió en medio de la crisis, colocaron la deuda hipotecaria.

Ese tipo de actuación de la justicia norteamericana no es aislado. El año pasado, JP Morgan Chase acordó un desembolso de 13.000 millones (11.425 millones de euros) para poder dar carpetazo a investigaciones similares. En todo este tiempo, los bancos de Wall Street que enfangaron a miles de inversores, han pagado a las autoridades norteamericanas unos 130.000 millones por sus desmanes hipotecarios. El desglose es el siguiente: Bank of America pagó unos 70.000 millones de dólares para cerrar la demandas de los inversores, los Estados y las distintas agencias federales. Anteriormente y por las mismas causas, JP Morgan Chase, fue castigado con 13.000 millones de dólares en 2013. Citigroup tampoco se libró de la multa y tuvo que abonar 7.000 millones por los mismos motivos.

Bankia, epítome del mal gobierno en banca, tramposo con las cuentas, engañador, vendedor compulsivo de preferentes, podría verse reflejado en lo sucedido en Estados Unidos. Pero España is different. Nada que ver. Otro planeta, quién sabe si otro sistema solar. Al contrario del ejemplarizante celo judicial norteamericano, el juez Elpidio Silva, que metió en la cárcel de manera preventiva a Miguel Blesa por sus abusos en Bankia, se ha quedado fuera de la carrera judicial por prevaricación. Blesa y más tarde Rodrigo Rato, exministro de Economía del gabinete Aznar y ex director gerente del FMI, realizaron una pésima gestión de Bankia, un banco creado en medio de la burbuja inmobilaria, hijo de Caja Madrid. Estalló el señuelo y el gigante con pies de barro y tarjetas black se desplomó. El Gobierno español acudió al rescate inyectando más de 20.000 millones de dinero público para evitar la caída de Bankia y la desestabilización de un sistema bancario en precario que aún se sostiene con frágiles equilibrios.

las cuentas trucadas Además de la ingente cantidad de dinero público que se empleó para nutrir a Bankia, más tarde se supo que las cuentas eran un cuento. En la España de los milagros, 350.000 inversores fueron engañados en aquella operación de salida al parqué. Tras conocerse que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y las auditorías no detectaron las artimañas contables de Bankia hasta que fue demasiado tarde, la entidad, saneada con dinero público, se enfrenta ahora a las demandas judiciales de los inversores. Los números y cifras que se publicitaban para salir a bolsa sacando pecho eran un camelo de un banco agujereado por las deudas como así demostraron los peritos del Banco de España.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, sostiene en su auto que en la actuación de la exdirectiva de Bankia existen suficientes indicios de un delito que castiga con hasta cuatro años de cárcel a quienes falsearan la información económica contenida en los folletos de emisión de instrumentos financieros. Andreu alcanza esta conclusión tras el informe de dos peritos del Banco de España sobre el falseamiento de los datos de la entidad.

La cúpula de Bankia infló artificialmente en 544 millones los recursos propios de la entidad y un año más tarde falseó sus cuentas ocultando unas pérdidas de 2.083 millones, según los mismos expertos. Contra esa actuación el juez fijó el 13 de febrero en 800 millones la fianza a la antigua cúpula -Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas de Bankia- porque “los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad”.

De los 3.092 millones que Bankia captó en su salida a bolsa en julio de 2011, el 60% correspondía a los inversores minoristas, por lo que se estima que el tope máximo del volumen de demandas es de 1.855 millones. La entidad no contempla que haya reclamaciones de inversores institucionales. Algunas fuentes estiman que “los costes del grupo BFA (Banco Financiero de Ahorro) -Bankia por las posibles demandas de inversores minoristas por la controvertida salida a bolsa de Bankia de hace tres años y medio podrían ascender a entre 300 y 500 millones”. El fondo de rescate, FROB, perteneciente al Estado, que a su vez es el dueño de la totalidad de BFA, amortiguará el golpe. Serán los contribuyentes los que asuman los costes. BFA no necesitará una nueva inyección de recursos tras haber captado 22.424 millones del erario público.

En el caso de las preferentes, la entidad abonó hasta los 246 millones y el resto del montante fue para el BFA, una entidad controlada por el FROB, que destinó cerca de 1.600 millones para cicatrizar el descosido. Queda por ver cómo se resolverá finalmente la salida a bolsa de Bankia, el infame episodio del toque de campana de Rato, que supuso la ruina para miles de pequeños inversores.