Madrid - El miembro de UGT Eduardo Torres Posada admitió ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que utilizó su tarjeta opaca de Caja Madrid para financiar la compra de octavillas, carteles y circulares que formaban parte de campañas puestas en marcha por el sindicato.
Torres Posada, que declaró como imputado en la causa en la que se investigan los plásticos opacos, ha señalado que las dietas que recibió entre 2001 y 2006 como miembro de la Comisión de Control de la caja madrileña también iban destinadas a una cuenta del sindicato y que todas las aportaciones contaban con el visto bueno de la Sección Sindical de Gastos y de la propia Ejecutiva Estatal. “Estaba todo totalmente procedimentado”, dijo.
El sindicalista, que se gastó en una imprenta de la calle Jacometrezo de Madrid casi 30.000 de los 82.300 euros que cargó a su tarjeta black, también admitió que utilizó la Visa de la caja para sufragar el pago de comidas con empleados del sindicato, la compra de camisas, zapatos, gasolina y viajes y gastos de telefonía. También la usó para gastos de papelería o imprenta del sindicato.
Además, añadió que UGT estaba al corriente de esta actividad, y que la Comisión Ejecutiva Estatal del sindicato la vigilaba y la avalaba. Incluso, dijo ante el juez Andreu que toda esta actividad debe estar justificada en el Informe Anual de la Comisión Ejecutiva Estatal del sindicato.
Torres, que formó parte de la Comisión de Control de Caja Madrid entre 2001 y 2006 como representante de UGT elegido por los trabajadores de la entidad, utilizó la tarjeta black meses después de dejar su cargo, ya que según aseguró, desde la antigua caja le dijeron que podía usarla “hasta que funcionara”. “Me dijeron que podía utilizarla mientras funcionase y un día dejó de funcionar”, apuntó a preguntas del juez instructor.
Torres Posada fue uno de los 13 exdirectivos de Caja Madrid que declararon ayer en la causa, en la que se investigan los gastos personales por valor de 15,5 millones de euros que los antiguos miembros de la entidad cargaron entre 1999 y 2012. Todos defendieron ayer que se trataba de un complemento retributivo que podían emplear en lo que quisieran y que pensaban que la entidad tributaba por ellos.
devolución La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) avanzó que si el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu entendiera que el representante de los trabajadores en la Comisión de Control de la antigua Caja Madrid Rafael Torres cometió alguna ilegalidad en el uso de las tarjetas black, devolverá el dinero que el magistrado estime necesario. Así lo ha manifestado la Federación en un comunicado a raíz de la declaración de Torres.
El secretario general de FeS-UGT, José Miguel Villa, ya señaló el pasado 6 de octubre que la Federación no tomaría medidas contra Torres, ya que todos los gastos que realizó se correspondieron con la actividad sindical. “Todo lo que hemos visto hasta el momento indica que los gastos que hizo Torres de su tarjeta se corresponden con la actividad sindical”, dijo Villa en rueda de prensa. Además, Villa también precisó entonces que si un magistrado analizaba estos hechos y entendía que lo que hizo el sindicalista no fue legal, la Federación devolvería todo el dinero.
La Federación contó con tres representantes en la comisión de control de Caja Madrid. El primero de ellos ocupó el cargo antes de 2003. En esta ocasión, el representante de UGT abandonó el sindicato cuando supo que tenía que ingresar las dietas en la Federación. Su sustituto, Félix Manuel Sánchez Acal, aparece en los listados de personas que usaron las tarjetas B. Sin embargo, no se registra actividad, ya que falleció mientras trabajaba en la comisión. A Sánchez Acal le siguió Torres.
Según FeS-UGT, las tarjetas tenían un límite de 1.300 euros al mes en 2005. Cada mes la caja ingresaba el dinero en la cuenta del representante y éste tenía que transferir esa cantidad al sindicato. Otra vía era que la caja ingresara el dinero directamente en la organización sindical. - Europa Press/Efe