vitoria - Los cambios realizados en el anteproyecto de ley de Empleo Público no convencen a los sindicatos, que mantienen su rechazo al texto al entender que afectará negativamente a las condiciones de trabajo de los funcionarios. Las centrales censuran que las modificaciones realizadas al primer borrador -se han presentado más de 1.200 aportaciones- no cambian lo sustancial de la norma, a pesar de que el Gobierno Vasco defiende que ha realizado un importante esfuerzo para acercarse a las posiciones sindicales. Entre los cambios, destacan la supresión de la “posibilidad excepcional” de hacer reducciones de jornada y salario en situaciones presupuestarias delicadas y la inclusión de Ofertas Públicas de Empleo (OPE) para consolidar los puestos de personal interino.
El ciclo negociador no ha concluido, y la intención del Departamento de Justicia y Administración Pública es mantener citas bilaterales con cada sindicato antes de poner en común nuevas propuestas en una próxima reunión de la Mesa General antes de Semana Santa. En todo caso las posturas continúan alejadas, casi tanto como en el mes de septiembre, cuando Lakua presentó su primer borrador de ley de Empleo Público, a pesar de que se han introducido “cientos” de propuestas realizadas por sindicatos e instituciones, según indicó ayer el Gobierno. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, destacó que “el número de aportaciones recibidas, muy por encima de lo habitual”, es un indicativo de la “intensidad” del proceso negociador.
Entre las novedades introducidas en la ley, que afectaría a todos los niveles de la administración de la CAV -Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos y UPV/EHU-, destaca la supresión del punto en el que se abría la puerta a reducir la jornada y el salario de los funcionarios cuando la institución en cuestión se encontrase en situación financiera excepcionalmente grave. La retirada de este aspecto responde a un intento por parte de Función Pública de aproximar el texto a la postura sindical, algo que por ahora no ha sido posible.
El anteproyecto incluye un sistema de compensaciones por objetivos, de forma que el funcionario pueda ascender u obtener un plus salarial sin cambiar de plaza. Esta era una de las bases del primer borrador, al que ahora se añaden algunas novedades demandadas por los sindicatos. Lakua cita como ejemplo que en la administración general se va a ampliar el Grupo B de manera que personal con titulación técnica superior podrá ascender de categoría.
Por otro lado, se introduce la posibilidad de convocar OPE enfocadas a consolidar la situación laboral de trabajadores interinos, es decir, que no cuentan con plaza propia. El Gobierno explica que se da este paso para reducir los niveles de interinidad de ciertos colectivos y garantizar así el aprovechamiento de la experiencia y conocimientos de las personas que ya trabajan en la administración. Precisamente este es uno de los ejes del conflicto laboral de Lanbide, en el que los representantes de los trabajadores denuncian que la conversión de plazas interinas en fijas hará que un amplio colectivo de interinos se quede sin empleo, con la pérdida de experiencia y capital humano que ello conlleva para el organismo. Además, entre las nuevas propuestas incluidas figura la creación de un Observatorio de Empleo Público que analizará las evoluciones de la ocupación en la administración, en el que estarían representados las instituciones, la UPV/EHU y los sindicatos.
Erkoreka defendió que se ha diseñado un documento “avanzado, innovador y moderno” y recordó que “estamos a tiempo de realizar aportaciones y consensuar cambios”. Cuando se ponga fin a esta etapa de negociación, el proyecto se someterá a los informes de organismos como el Consejo de Función Pública o el Consejo de Relaciones Laborales antes de ser aprobado en Consejo de Gobierno.
“ningún cambio sustancial” Por ahora las concesiones del Ejecutivo no convencen a los representantes sindicales. Ayer LAB ni siquiera acudió a la reunión de la Mesa General, mientras que ELA denunció a su término que Lakua solo ha incluido 12 de sus 200 enmiendas, y afirma que la ley supone “introducir la reforma laboral en las administraciones vascas”.
ELA cree que el nuevo borrador “no introduce ningún cambio sustancial”. “Se niega el derecho a la negociación colectiva, se deciden unilateralmente las condiciones, no se garantiza el cumplimiento de los posibles acuerdos, ni hay una apuesta real por la euskaldunización”, según ELA.
CCOO también pidió la retirada del texto, que “sigue eliminando la participación sindical en aspectos fundamentales”. La central de Unai Sordo criticó el nuevo Observatorio de Empleo Público, que ve como “un foro de debate” con “participación testimonial” de los sindicatos. UGT-Euskadi indicó que el Gobierno “no ha propuesto nada de nada”, y remarcó que el proyecto “es más restrictivo que las peores leyes del PP”.
