gasteiz - El consejo de administración de Kutxabank decidió ayer no personarse en la causa abierta contra el expresidente de la entidad, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno español en la CAV, el socialista Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta por los presuntos pagos irregulares que el banco realizó a Cabieces a través del bufete Alcorta & Asociados. Tras una reunión extraordinaria convocada para evaluar esa posible participación en el caso, el banco se limitó a informar que la decisión adoptada fue la de no personificarse, por lo que no será parte de la acusación particular.

Eso no impide que el proceso siga su curso. A instancias de las Fiscalía vizcaina, la jueza Ana Isabel Álvarez ha citado a declarar como imputados a Fernández, Cabieces y Alcorta, que acudirán al Juzgado los días 12 y el 13 del próximo mes de marzo. La jueza había reclamado al banco creado por BBK, Vital y Kutxa que tomara una decisión de inmediato, lo que obligó a la entidad a convocar su máximo órgano de decisión un día antes de lo previsto, ayer.

Según argumentó ayer la agencia Europa Press, con Kutxabank fuera del proceso será la Fiscalía la que lleve las riendas de la acusación contra Mario Fernández, Mikel Cabieces y Rafael Alcorta; algo que, aunque no invalida el proceso del Ministerio Público, sí le resta fuerza. La administración desleal requiere la denuncia del presunto perjudicado en sede judicial para ser perseguida, y no queda claro que el movimiento inicial de la entidad, la puesta en conocimiento de la Fiscalía de las irregularidades, se pueda entender como esa necesaria denuncia.

La decisión adoptada por el banco será previsiblemente explicada hoy por el sucesor de Mario Fernández al frente de Kutxabank: Goyo Villalabeitia, quien concederá su primera rueda de prensa para, en principio, valorar los resultados económicos del grupo que hoy se darán a conocer. En la comparecencia es probable que los periodistas cuestionen al nuevo mandatario sobre la presunta irregularidad que detectó el propio banco y que ahora se encuentra en terreno judicial.

El banco creado por las antiguas cajas de ahorro no dio ayer más detalles sobre la decisión que ha adoptado. Aunque extraordinaria, la reunión del consejo de administración, que duró casi tres horas, tuvo también otros asuntos encima de la mesa. Por ello que no se puede valorar cuanto tiempo se tomaron los miembros de la dirección para llegar a esa conclusión.

Sin ‘quebranto’ Cabe recordar, como es público, que esas supuestas irregularidades ascendieron a 243.592,02 euros. El propio banco explicó desde que diera cuenta públicamente de esa irregularidad detectada de forma interna -hace casi un mes- que ese importe ya había sido “íntegramente devuelto” al banco “por lo que el quebranto económico para la institución ha sido totalmente compensado”.

Fue el propio Mario Fernández el que reembolsó al banco ese dinero cuando se detectó esa irregularidad. Según él mismo explicó a través de un comunicado, lo hizo “para que el banco que ha sido respetado y reconocido por propios y ajenos y del que, algunos, nos hemos sentido orgullosos, no sufra el menor perjuicio alguno”.

El hecho de que el banco ya no se vea perjudicado merced a esa devolución del dinero puede haber pesado en la decisión adoptada.

El auto de la magistrada con el que ha llamado a declarar a los tres imputados señala que, de las declaraciones que estos imputados ante la fiscala, Carmen Adán, realizadas durante las diligencias de investigación, y de la documentación de que se dispone, se deduce que puede haberse cometido un delito de administración desleal o bien apropiación indebida, al haber existido, presuntamente, “una disposición de los bienes administrados que excedía de las funciones propias del cargo, no justificada, y que causó un perjuicio económico a la sociedad en beneficio de un tercero”.

También considera que se puede incurrir en un delito de falsedad en documento mercantil “en relación con los documentos utilizados para servir de soporte a las salidas de dinero de la sociedad”.