BILBAO - La precipitación con la que valoró EH Bildu la decisión judicial de inhabilitar a Ángel Toña como administrador concursal sigue pasando factura a la izquierda abertzale. Tras conocerse la decisión unánime de la Comisión de Ética de Lakua, la coalición emitió un comunicado en el que, sin entrar a evaluar el juicio emitido, matizó su reacción inicial de pedir el cese del consejero. Según indicaron desde el grupo parlamentario de EH Bildu, “denunciar la gravedad de la inhabilitación y pedir explicaciones al respecto no ha significado poner en cuestión toda la trayectoria profesional de Ángel Toña”. Añadieron que la formación “tiene en cuenta dicha trayectoria, igual que el respaldo sindical y la resolución de la Comisión Ética”.

Sin embargo, a continuación mezcló la controversia con sus demandas políticas y pidió al nuevo responsable de Empleo del Gobierno un giro en las políticas laborales. Además, puso el acento en los cinco trabajadores de Fundifes que también denunciaron a Toña por no haber recibido la indemnización como el resto de la plantilla. Su caso es especial, porque habían sido despedidos antes de que el ahora consejero, junto a otros dos administradores judiciales, tomara las riendas de la compañía una vez abierto el concurso de acreedores de la compañía vizcaina.

En un primer momento, el parlamentario de EH Bidul, Dani Maeztu, acusó al nuevo responsable de Empleo de Lakua de no haber defendido los derechos de los trabajadores en el proceso concursal. Fue, entre otros, LAB quien destacó que Toña había hecho todo lo contrario con las cerca de 200 personas que sí cobraron la indemnización en detrimento de la Seguridad Social.

Con todo, EH Bildu estima que “ahora le corresponde al propio Toña demostrar” que va a defender “los derechos de todos los trabajadores, no como en el caso que ha provocado su inhabilitación”, en relación a esos cinco empleados. En contraste con las primeras reacciones en boca de Dani Maeztu -parte activa del proceso durante su etapa en el Ayuntamiento de Durango- el comunicado de la izquierda abertzale no tenía en esta ocasión ninguna firma.

Fuentes socialistas, por su parte, aseguraron en declaraciones a Europa Press que la decisión del Comisión Ética “ya estaba tomada de antemano” y por ello restaron importancia a su contenido. A su juicio, el lehendakari se ha escudado en el comité para no pronunciarse. Dicho esto pidieron a Toña que se “ponga a la tarea porque hay asuntos que no pueden esperar”.

Desde el PP vasco, su portavoz, Laura Garrido, afirmó que con el dictamen el Ejecutivo Urkullu deja su propio código ético y de buen gobierno en “papel mojado”. Garrido señaló que la decisión sobre la continuidad de Toña “es la prueba de que han prevalecido los criterios políticos sobre los criterios que buscan la transparencia y la ejemplaridad”.

El extitular de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y candidato a la Alcaldía de Bilbao por el PNV, Juan María Aburto, aseguró en una entrevista en Telebilbao que su sucesor tiene una trayectoria “intachable” y reúne todos los requisitos para ser un “gran consejero”. Su fallo, añadió, fue no comunicar al lehendakari la sentencia de inhabilitación.