Gasteiz - La aspiración no es nueva. De hecho, cuando antes del pasado verano el diputado general alavés, el popular Javier de Andrés, lanzó su deseo de acometer una rebaja fiscal y luego la concretó tras las vacaciones, ya se tropezó con el rechazo del PSE y EH Bildu y de las instituciones gobernadas por el PNV con las que comparte mesa en el Consejo Vasco de Finanzas -Gobierno Vasco y Diputación de Bizkaia-, que le reprocharon el objetivo “electoralista” de la iniciativa, así como la merma de recursos que podría suponer en lo que consideraron un anticipo de nuevos recortes sociales. Así que, salvo giro copernicano del panorama y con el horizonte electoral a menos de cien días, el proyecto de Norma Foral que aprobó ayer el Consejo de Diputados con destino a las Juntas Generales parece tener un futuro complicado, dada la minoría que sostiene al Ejecutivo de De Andrés en la Cámara foral.

La reforma, amparada en el objetivo de “ayudar a las familias e impulsar la reactivación económica y la creación de empleo” y con el colchón del incremento del 5,7% en la recaudación logrado por Araba en el pasado ejercicio, recupera sin apartarse una coma la propuesta que presentó en septiembre. Rebaja del 23% al 21% la tributación por IRPF para las rentas inferiores al 15.500 euros y del 28% al 27%, para los ingresos entre 15.500 y 31.100 euros. Al mismo tiempo, eleva el mínimo obligatorio para presentar declaración, incrementa las deducciones por hijo y rebaja del 20% al 19% la base liquidable por ahorro para los primeros 2.500 euros.

PADRES SEPARADOS En el ámbito familiar, incorpora una nueva exención por la reinversión en vivienda habitual para el cónyuge separado que ha salido del hogar conyugal. Además, en caso de desahucio de la vivienda habitual, prevé que no se tribute por ganancia patrimonial, incluso en casos de dación en pago. También permite el reembolso de los planes de pensiones en caso de ejecución de la vivienda habitual.

En el apartado de medidas fiscales destinadas a impulsar el empleo, el proyecto de Norma incluye una deducción adicional de 600 euros por persona contratada de forma temporal -si no supone una reducción de personal fijo-, introduce para los autónomos la posibilidad de hacer de forma mensual -en lugar de trimestral- los pagos fraccionados de impuestos “sin coste financiero alguno” y propone “beneficios fiscales especiales” para los procesos de fusión y concentración de empresas.

En octubre pasado, tras cosechar el rechazo del Órgano de Coordinación Tributación, De Andrés decidió no llevar su reforma fiscal a Juntas Generales porque abriría “un debate estéril”. - M.I.

Ingresos inferiores a 15.500 euros. La tributación pasaría del 23% al 21%.

Ingresos entre 15.500 euros y 31.100. El gravamen pasaría del 28% al 27%.

Mínimo obligatorio para declarar. Bases imponibles superiores a 15.000 euros por un empleo -actualmente es de 12.000 euros- y superiores a 25.000 euros por más de un empleo -ahora es de 20.000 euros-.

Deducciones por hijos. El primer y segundo hijo pasarían a tener una deducción de 629 y 775 euros respectivamente. El tercero, sería de 1.345 euros y de 1.618 euros para el cuarto. A partir del quinto descendiente y sucesivos, la deducción sería de 2.115 euros.

Base liquidable del ahorro. Pasaría del 20% al 19% para los primeros 2.500 euros.