gasteiz - Vital y Kutxa confirmaron ayer que presentarán alegaciones al Anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias elaborado por el Gobierno Vasco, mientras que BBK todavía no ha tomado una decisión y esperará a analizar en detalle el texto, según confirmaron fuentes de las fundaciones. El consejero vasco de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, aseguró al aprobar esta norma que es una adaptación de la ley estatal sobre cajas de ahorro y fundaciones bancarias y que, en sus líneas generales, mantiene la actual regulación.

El consejero dijo que el texto establece el mismo seguimiento y control para las fundaciones bancarias que el que ha tenido hasta ahora el Gobierno Vasco con las cajas de ahorros vascas, pero en el anteproyecto se señala que el Ejecutivo de Vitoria se reserva establecer las “directrices generales” para “orientar” las principales necesidades de las obras sociales de BBK, Kutxa y Caja Vital. No obstante, se añade que se hará respetando la “libertad de elección” de las fundaciones bancarias.

Fuentes de BBK señalaron que no se tomará un decisión hasta que se analice con detenimiento el anteproyecto. Vital ya ha decidido que presentará alegaciones pero, desde la entidad alavesa se da prácticamente por descartado que estas se dirijan contra el “grueso” del texto, puesto que consideran que, en líneas generales, “simplemente” adapta la normativa ya existente a la realidad actual. Respecto al contenido de las alegaciones, Vital aún no ha decidido cuáles serán sus propuestas concretas. Kutxa también ha confirmado que presentará alegaciones, algo que todavía no ha hecho y no ha precisado cuándo lo hará ni el contenido de las mismas.

La nueva normativa establece otros mecanismos de control como que las fundaciones que quieran hacer “adquisiciones y enajenaciones” que superen el 5% de su activo necesitarán de una autorización del Gobierno Vasco. El texto señala que los activos de las fundaciones se invertirán “atendiendo a los principios de diversificación, seguridad, prudencia en la gestión de riesgos, transparencia y buen gobierno” y que las inversiones inmobiliarias no podrán superar el 25% del total de su patrimonio. - E.P./Efe