Vitoria - La nueva ayuda para parados de larga duración pactada en Madrid no tendrá una repercusión real en Euskadi. Si en la configuración legislativa del nuevo programa de activación laboral no se modifica la incompatibilidad del subsidio con las ayudas propias de la Comunidad Autónoma Vasca, en la práctica los desempleados vascos con acceso a la RGI optarán por mantener esta renta dejando a la nueva ayuda un papel marginal. El Gobierno Vasco advierte además de que este escenario carga sobre los hombros de las arcas públicas vascas todo el coste de la protección social que requieren estas personas.
El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, advirtió ayer de esta situación al término del Consejo de Gobierno semanal. En la reunión, el consejero de Empleo, Juan Mari Aburto, aclaró que los técnicos de su Departamento preguntaron el lunes a los del Ministerio por la compatibilidad con otras ayudas del subsidio del paro de larga duración. La respuesta disipó las escasas dudas que existían en Lakua: quienes cobren la Renta de Garantía de Ingresos vasca quedarán automáticamente fuera del campo de actuación de la ayuda ministerial.
La única solución pasa por la negociación y el rediseño del programa, un extremo que a día de hoy parece poco probable. Se intuye un nuevo choque competencial entre Euskadi y España, y el Gobierno Vasco ya ha advertido que llevará la cuestión ante el Tribunal Constitucional si es necesario.
Sobre el papel está en juego un complemento económico clave para decenas de miles de personas. De los más de 65.000 perceptores de la RGI, 48.210 no son pensionistas. No todos ellos son parados de larga duración que cumplan los requisitos de acceso a la nueva ayuda del Gobierno de Rajoy, pero sí una gran parte de ellos.
Presión del gobierno Según los cálculos del Ministerio, el subisidio dará cobertura a uno de cada siete parados de larga duración, traslandando esa proporción a Euskadi y a las 100.000 personas que llevan más de dos años buscando empleo, se quedarían fuera del programa algo más de 14.000 vascos.
El Gobierno Vasco considera por ello que es vital que la nueva ayuda de 426 euros para parados sin protección sea compatible con RGI y que, además, tendría que gestionarla Lanbide al tratarse de una medida que se enmarca en las Políticas Activas de Empleo, que son de competencia autonómica. En caso contrario, los ciudadanos vascos optarán por la ayuda mejor dotada económicamente y renunciaran a la del Gobierno central. “Esta situación de incompatibilidad podría generar situaciones de claro perjuicio para algunas personas y para las instituciones vascas en concreto, ya que toda la cobertura se tendría que hacer con la RGI”, aseguró Erkoreka.
El portavoz vasco defendió por tanto que se puedan “ensamblar” ambas ayudas para que los ciudadanos vascos accedan a esos 426 euros, que después se podrían completar hasta el límite fijado por la Renta de Garantía de Euskadi.
Erkoreka aseguró que habrá que ver cómo se plasma finalmente la ayuda en un decreto y cómo se publica en el Boletín Oficial del Estado antes de tomar una decisión sobre un posible conflicto de competencias. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dejado entrever que pactaría con las comunidades el desarrollo del subsidio, pero de momento se ha limitado a explicar un camino ya definido en reuniones técnicas.
El pasado lunes, el Gobierno Vasco ya instó al Ejecutivo central a pactar la implantación en Euskadi de esta ayuda para evitar un nuevo conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional, como ya sucedió el pasado año con otra dotación de 400 euros también para parados de larga duración.
