gasteiz - El Gobierno Vasco explicó ayer que la nueva ayuda para parados de larga duración que han acordado el Ejecutivo y los agentes sociales españoles presenta numerosas dudas jurídicas a la hora de ser aplicada en la CAV. En Euskadi existen una serie de ayudas propias que podrían verse desplazadas, por lo que en primer lugar Lakua reclama que el nuevo subsidio sea compatible con el cobro de la RGI. El Gobierno Vasco advierte además a Madrid de que la gestión de las políticas activas es competencia exclusiva de la CAV, por lo que podría acudir al Tribunal Constitucional (TC), como ya hizo con el Plan Prepara, si no se acepta el traspaso de la nueva ayuda.
Mariano Rajoy compareció ayer junto a los líderes de CEOE y Cepyme, Joan Rosell y Antonio Garamendi, y los de CCOO y UGT, Ignacio Toxo y Cándido Méndez, para hacer oficial el acuerdo alcanzado la semana pasada y que dará lugar a una nueva ayuda de 426 euros para personas que lleven más de un año en paro, tengan responsabilidades familiares y hayan agotado todas los subsidios anteriores. El Programa Extraordinario para la Activación del Empleo, como lo han llamado sus impulsores, beneficiará a entre 400.000 y 450.000 personas, una parte muy reducida de los más de tres millones de parados de larga duración que hay en España.
La ayuda se podrá cobrar durante seis meses e incluye un itinerario formativo para tratar de devolver al beneficiario al mercado laboral. Incluso en caso de que este proceso permita al perceptor encontrar un empleo, este podría seguir cobrando la ayuda, que iría destinada a cubrir una parte de su salario para aliviar costes a la empresa. Este objetivo de intermediación laboral hace del acuerdo alcanzado en Madrid por Gobierno, patronal y sindicatos algo más que un subsidio, entrando dentro del ámbito de las políticas activas de empleo. Por ello, el Gobierno Vasco considera que la gestión de este programa, muy similar al Plan Prepara -los conocidos como 400 euros-, corresponde a la CAV en virtud de la transferencia de las políticas activas materializada en el año 2010 tras un acuerdo entre el PNV y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Es la misma postura que ha mantenido el Gobierno de Iñigo Urkullu con el Prepara, recurrido también al TC al entender que debe ser gestionado desde Lanbide, cuestión pendiente de resolver por el Alto Tribunal. En el caso del nuevo programa pactado en Madrid, y que entrará en vigor en enero, los servicios jurídicos de Lakua determinarán si procede o no un nuevo recurso, si bien el asunto parece encaminado a terminar en los tribunales. Fuentes del Gobierno Vasco denunciaron la falta de información, “en tiempo y forma”, que ha ofrecido el gabinete de Rajoy en relación a esta ayuda, y lamentaron que la reunión técnica con las comunidades autónomas se produjera ayer al mediodía, una vez cerrado y presentado el plan a los medios de comunicación.
Lakua reclama a Madrid una negociación y que acepte que la ayuda sea gestionada por Lanbide. Todo ello para evitar el “desequilibrio” que, según el consejero de Empleo, Juan María Aburto, puede generar la ayuda en la CAV. Como indicó Aburto, en el texto pactado por el Gobierno de Rajoy con los agentes sociales no se aclara de qué manera van a influir los nuevos 426 euros al sistema de ayudas vasco, en el que la RGI garantiza unos ingresos superiores a esta cifra.
En el texto pactado por los agentes españoles únicamente se indica que la nueva renta no será compatible con otras ayudas, lo que en principio haría referencia a una incompatibilidad con la RGI. Este es un extremo que desde Lakua se quiere evitar. Aburto señaló ayer que el mejor escenario sería que quienes tengan derecho a acceder al subsidio estatal pueda cobrarlo pero, además, puedan ver complementados esos 426 euros con la RGI. Con este objetivo parte el Gobierno de la CAV en la negociación que pretende abrir con Madrid y que, en caso de no resultar satisfactoria, desembocaría en un nuevo recurso al TC.
diez leyes recurridas Lakua ha llevado al Constitucional ya una decena de leyes del Gobierno español, entre las que se encuentran, además del Prepara, la Lomce o el copago farmacéutico, por invasión de competencias. Ayer informó de que también se llevará al Alto Tribunal la Ley de Protección de Trabajadores a Tiempo Parcial, al entender que Madrid relega a Lanbide a “mero comunicador” de las infracciones en el cobro de subsidios y prestaciones sin capacidad sancionadora.
