gasteiz - Ante la virulencia de la crisis, el fraccionamiento del pago correspondiente a las retenciones de trabajo del IRPF se había convertido en los últimos años en un salvavidas al que un elevado número de empresas alavesas se asían con asiduidad para poder seguir respirando. Ya no será así.

La Diputación Foral de Álava ha decidido acabar con esa flexibilidad que había demostrado hasta ahora y la denegación de los pagos fraccionados se ha convertido en una constante para, al menos, más una veintena de firmas, según datos a los que ha tenido acceso este periódico. En concreto, las negativas se concentran en el impuesto correspondiente al tercer trimestre del presente ejercicio, lo que ha obligado a las empresas solicitantes, una vez que la Hacienda alavesa les notificara la imposibilidad de demorar el pago del tributo foral, a ejecutar la orden en el exiguo plazo de cinco días desde que les fue comunicado el portazo institucional.

En las respuestas obtenidas por las firmas demandantes, el gabinete presidido por el popular Javier de Andrés recuerda que su actuación responde a la ejecución del artículo 37 de la norma foral vigente desde 2005, según la cual “es retenedor la persona o entidad a quien la norma foral de cada tributo impone obligación de detraer e ingresar en la Administración tributaria con ocasión de los pagos que deba realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponda a estos”.

A tenor de lo establecido por esta ley, las cuotas cuyo fraccionamiento demanda la empresa han sido retenidas por ella misma de los salarios correspondientes a la plantilla, por lo que sin “circunstancias excepcionales” que lo acrediten, como por ejemplo, la inexistencia de tesorería, no se contempla un fraccionamiento que a lo largo del presente ejercicio la Diputación otorgaba de forma más flexible.

Ante este cambio en la forma de actuación y la consecuente oleada de empresas afectadas, desde la entidad foral negaron que se haya enviado, en este sentido, una circular con “carácter general”. Asimismo, estas mismas fuentes destacaron que la Diputación responde a cada contribuyente “de manera individual” de acuerdo con la normativa foral y el reglamento de recaudación.