madrid - El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, afirmó ayer que no hubo “ni intención ni posibilidad de engañar” en su salida a bolsa, ya que estaba “absolutamente” controlada por el Banco de España y la CNMV, a cuyos máximos responsables pedirán imputar las acusaciones del caso abierto en la Audiencia Nacional.

Las declaraciones, realizadas en Onda Cero, se produjeron después de que el miércoles se conociera el informe en el que dos peritos designados por el Banco de España para trabajar a las órdenes del juez Fernando Andreu sostenían que ni las cuentas previas al debut bursátil del grupo en el verano de 2011, ni tampoco las formuladas por Rato y las reformuladas por José Ignacio Goirigolzarri en 2012, reflejaron su “imagen fiel”. La pericial ha provocado que algunas acusaciones, como las ejercidas por UPyD y Adicae, anuncien la petición de nuevas diligencias en el caso Bankia.

Así, reclamarán una vez más la imputación del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la del expresidente de la CNMV Julio Segura, y la de Deloitte y su socio auditor, Francisco Celma, que avaló las cuentas sin detectar los “errores contables” y que la Audiencia Nacional ha denegado en varias ocasiones.

También barajan la posibilidad de que Goirigolzarri deba volver al tribunal para aclarar las críticas que vierte sobre su reformulación el informe aunque, según precisó el abogado de UPyD Andrés Herzog, el “reproche no es comparable” desde el punto de vista penal al que se puede achacar a Rato.

El expresidente de Bankia se escudó en que los miembros de la entidad estaban “controlados” por los organismos supervisores -en referencia al Banco de España- para defender que si hubiera habido voluntad de falsear las cuentas, no habría sido posible hacerlo. Rato mete de este modo presión al supervisor bancario, que también ha cosechado críticas por su papel en la controvertida salida a bolsa del banco.

La pericial del caso Bankia abre la puerta a que las 29 empresas que, según el informe, adquirieron acciones en el debut bursátil, algunas incluso “con relaciones de dependencia” respecto a la entidad y otras con operaciones refinanciadas y retrasos generalizados en el pago de cuotas, deban testificar a petición de UPyD. Los expertos señalaban que sociedades “dependientes” de Bankia y BFA presentaron órdenes de compra no vinculantes por 357 millones de euros, sin las que “las acciones ofertadas se habrían reducido a 284 millones”, por debajo del límite establecido por la CNMV.

Entre ellas, citaban a Mapfre, que poseía el 15 % de BFA, “y por tanto con influencia significativa en su gestión”, y que presentó órdenes de compra por 281 millones.

Además, otros 17 inversores adquirieron títulos a pesar de tener riesgos refinanciados, “por lo que no se entiende que compraran acciones teniendo problemas en el servicio de su deuda”, y otros las vendieran “rápidamente”, como la Cámara de Comercio de Madrid, que se deshizo de su inversión de 12 millones a los dos días de la salida a bolsa.

El presidente de esta última, Arturo Fernández, imputado junto al resto de consejeros de Bankia en el caso, señaló que el presunto maquillaje de las cuentas “es un tema muy grave”, por lo que es un asunto que “hay que aclararlo muy bien aclarado”.

Pero las nuevas comparecencias podrían no quedar ahí, ya que UPyD solicitará que el resto de usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia sean imputados por su “clara voluntad” de ocultarlas - DNA