madrid - El Gobierno español ha incluido a la CAV en su nuevo esquema de colocación de desempleados, que supone pagar a las agencias privadas -las principales ETT y otras entidades de formación y asociaciones sociales- por reducir el paro. El Ejecutivo vasco descartó de salida sumarse a este modelo, que incluye bonificaciones de hasta 3.000 euros para las agencias por rescatar a una persona de las oficinas de empleo, al entender que la solución pasa por reforzar la capacidad de intermediación de Lanbide y no por trasladar el problema a empresas privadas. Lakua denuncia una nueva invasión competencial y recurrirá la nueva normativa en la que Madrid hace tabla rasa y extiende el nuevo sistema a la CAV.

Es el segundo recurso que se interpone esta legislatura por vulneración de la competencia en materia de políticas activas de empleo, después del activado en el Tribunal Constitucional para asumir la gestión del Plan Prepara. Esta es una ayuda de 400 euros que lleva aparejado un itinerario formativo para regresar al mercado laboral, por lo que al tratarse de políticas activas Lakua entiende que debe ser gestionada por Lanbide.

El recurso al Prepara se encuentra sin resolver, mientras que ahora se abre una nueva disputa legal en materia de empleo entre Gasteiz y Madrid. Se trata de un asunto que en su día generó polémica al concederse a las ETT un papel protagonista en la reducción de las listas del paro en detrimento de los sistemas públicos. El Gobierno de Rajoy ha cumplido así una de las principales demandas de Bruselas en materia de empleo, el fomentar la colaboración público-privada en labores de colocación, al sellar un acuerdo con 80 agencias, entre ellas grandes ETT como Manpower, Adecco o Randstad, para impulsar la contratación.

En ese pacto se recogen bonificaciones de 300 euros por colocar a un parado de perfil más empleable, mientras que por dar trabajo a una persona de más de 45 años que lleve sin trabajar más de dos años se pagan hasta 3.000. En el convenio inicial, suscrito por todas las autonomías excepto Catalunya, Andalucía y la CAV, se incluye el pago de un 15% de la bonificación a la agencia que denuncie al desempleado por cobrar prestaciones de manera ilegal.

Las críticas no han hecho dar marcha atrás al Gobierno español. Aunque es cierto que el éxito en la intermediación de las empresas privadas es mayor que la de los servicios públicos, buena parte de esta capacidad de las ETT se apoya en contratos breves, por horas y con baja remuneración.

El modelo de Rajoy no gusta al Gobierno Vasco, que tras negarse a sumarse al acuerdo plantea el mejorar la capacidad de intermediación de Lanbide como un objetivo prioritario. Pese a ello, la CAV ha sido incluida en los pliegos de contratación de las agencias de colocación en una orden publicada en julio, de manera que las ETT podrían operar con las personas adscritas a Lanbide, aunque en todo caso el dinero de las bonificaciones procedería del Gobierno español.

Lakua presentará recurso contencioso-administrativo contra esta resolución, que incide en la “recentralización” de Madrid y “vacía de contenido” el Estatuto de Gernika. El Gobierno recuerda que desde 2010 es Lanbide el organismo que modula el sistema de intermediación entre empresas y parados por lo que exige la retirada inmediata de la resolución.