madrid - Miguel Blesa y Rodrigo Rato, los dos últimos presidentes de Caja Madrid, tienen tres días para ofrecer bienes por valor de las millonarias fianzas pecuniarias que les ha impuesto el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, si no quieren ser embargados. El magistrado impuso ayer sendas fianzas de 16 millones de euros para Blesa y de tres millones de euros para quien fuera también presidente de Bankia.

No se trata de una medida cautelar para evitar su ingreso en prisión. Estas fianzas pretenden asegurar la responsabilidad civil y la multa que podría imponérseles en un juicio oral, en caso de condena.

Detrás de esas reclamaciones está el caso de las tarjetas opacas destapadas en la caja madrileña. Antes de tomar la decisión, el juez tomó ayer declaración a ambos y también al ex director financiero de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, en calidad de imputados. Tras las declaraciones, Andreu emitió dos autos en los que, según fuentes jurídicas, indicó que la conducta de los dos expresidentes podría tipificarse indiciariamente como un delito continuado de administración desleal. Eso, sin perjuicio de que con posterioridad pudiera añadirse el delito de apropiación indebida, según añadió.

Ese delito de administración desleal, según recuerda el propio magistrado en sus resoluciones, “sanciona a administradores de una sociedad que realicen conductas causantes de un perjuicio con abuso de las funciones propias de su cargo”.

Las fianzas impuestas a los dos máximos dirigentes de Caja Madrid en el periodo en el que se utilizaron las tarjetas black puestas al descubierto responden a la cantidad de dinero usada con ellas a espaldas de la Agencia Tributaria. Las mismas incluyen tanto la responsabilidad civil que Blesa y Rato tendrían que afrontar en el caso de condena como la multa del 25% que establece la ley. En el periodo de la presidencia de Blesa se gastaron con ellas 12,5 millones y bajo el mandato de Rato, 2,6. Sumándo a esas cantidades el 25% se obtienen las fianzas de 16 y tres millones de euros respectivas.

El juez ordenó esas dos fianzas tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es tras su nacionalización, el principal accionista de Bankia -entidad que creó Caja Madrid con otras cajas de ahorros y que quebró con un agujero contable de más de 24.000 millones de euros en 2012, bajo el mando de Rato-.

Eluden responsabilidades Los tres antiguos dirigentes que ayer declararon ante el juez eludieron en todo momento la responsabilidad de estas tarjetas que presuntamente quedaban al margen de Hacienda. Según sus versiones, su uso era anterior a sus respectivas llegadas y estaba muy extendido.

De hecho, el ex director financiero de la caja, Ildefonso Sánchez Barcoj, afirmó que esta práctica ya existía cuando él ingresó en Caja Madrid en la década de 1980. Según la documentación aireada tras la auditoría de Bankia su uso data entre 1999 y 2012. Blesa dirigió la caja entre 1996 y 2010, año en el que cedió el testigo a Rodrigo Rato.

Los dos expresidentes aseguraron además en sus respectivas declaraciones que las tarjetas que recibieron eran parte de sus respectivos salarios como presidentes. El que fuera vicepresidente del Gobierno español con José María Aznar y posterior director gerente del FMI, Rodrigo Rato, declaró que “la tarjeta era un instrumento de pago que formaba parte de mi retribución salarial y como tal la acepté”. También añadió que “era, claramente, una tarjeta conocida, controlada y ligada al cargo” y que estaba sujeta a retención fiscal como cualquier otro concepto salarial.

Blesa por su parte aseveró que era un complemento retributivo “de libre disposición” a su sueldo y que el uso de estas Visas era una tradición “consuetudinaria” y estaba institucionalizada en la caja desde mucho antes de su llegada, en 1996. Además, el expresidente indicó que nunca fue consciente de que este dinero no se incluía en su certificado de retenciones fiscales.

Por su parte, Sánchez Barcoj, que figura en la documentación que obra en manos del juez Andreu como el principal responsable de la gestión de las tarjetas y su principal beneficiario, apuntó directamente a Blesa como responsable de la emisión de las Visas. “Quien tiene la tarjeta y cuanto va en la tarjeta era decisión exclusiva de Blesa”, afirmó. Blesa, que declaró más tarde, negó la versión de Sánchez Barcoj y dijo que era una cuestión en manos del departamento de Recursos Humanos.