El PP abrió formalmente ayer un expediente informativo al expresidente de Bankia y exvicepresidnte del Gobierno Rodrigo Rato y otros 12 afiliados de la formación que están implicados en el presunto uso fraudulento de las tarjetas opacas de Caja Madrid, pero no adoptado ninguna medida cautelar (como podía ser la suspensión temporal de militancia) ni ninguna sanción contra ellos pese a la gran alarma social que ha desencadenado este escándalo. Tanto PSOE, como IU, CCOO o UGT ya han acordado la expulsión de los militantes implicados y les han pedido que devuelvan las cantidades gastadas con las tarjetas, en su mayoría en caprichos, cuyas operaciones no eran declaradas a Hacienda.

Tras más de tres horas de reunión, el Comité de Derechos y Garantías del PP que preside Alfonso Fernández Mañueco, designó al instructor de esta investigación interna, el diputado de Albacete Francisco Molinero, que dará escuchará a esos 13 afiliados para que puedan ofrecer su versión de los hechos. Los estatutos del PP señalan que el plazo de tramitación del expediente no podrá exceder los dos meses desde su inicio, si bien por “circunstancias excepcionales”, podrá ser prorrogado por otro mes. Sin embargo, el objetivo del partido es que esta investigación interna -que podría terminar con la expulsión- esté lista lo antes posible, según dijo hace unos días el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano. Fuentes del PP señalan que antes de tomar alguna medida habría que escuchar a los afiliados.

Del total de 83 directivos y consejeros de Caja Madrid que utilizaron presuntamente esas tarjetas para gastos personales por valor de más de 15,2 millones de euros entre los años 2003 y 2012, un total de 28 fueron nombrados a propuesta del PP. Esta formación solo puede tomar medidas contra aquellos que tienen el carnet del partido y la cifra se reduce a 13 después de que tres de ellos se dieran de baja voluntaria en el PP estos días.

La intención del PP, según recordó el pasado lunes el número tres del partido, Carlos Floriano, es seguir el procedimiento habitual en este tipo de casos: una vez abiertos los expedientes informativos se procede a la investigación que dirige el instructor. Una vez concluidas dichas pesquisas será cuando el Comité decida si abre expediente de expulsión y después, en su caso, si decreta la expulsión definitiva del partido. De cualquier modo, la dirección del PP ya ha advertido de que se llegará hasta el final en esta investigación y sin distinciones por este hecho “detestable” -en palabras de Floriano-, por lo que no descarta la expulsión de Rato.

Mientras tanto, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu tomará hoy declaración a Rato como imputado hoy jueves, tras abrir una pieza separada en el caso Bankia para investigar las tarjetas B en Caja Madrid.

Según se deduce de los extractos bancarios que investiga el juez, Rato cargó 44.200 euros a Caja Madrid y 54.837 euros a Bankia, importe éste último que reingresó a la entidad. El que fuera máximo directivo de Bankia sacó un total de 16.300 euros del cajero durante los tres últimos meses que permaneció al frente de la entidad; y en febrero de 2011, coincidiendo con la fusión de la entidad y el nombramiento de sus directivos, gastó 1.849,23 euros en cuatro noches consecutivas con la referencia clubs, salas de fiestas, pubs, discotecas y bares. El gasto más alto lo cargó el 27 de marzo de 2011, cuando destinó 3.547,19 euros a la compra de bebidas alcohólicas.

También deberá dar cuenta hoy de sus gastos -que ascienden a más de 436.700 euros- ante el juez el antecesor de Rato en Caja Madrid, Miguel Blesa, quien según Efe tratará de explicar al magistrado como esta práctica ya existía desde que la implantara en 1988 el anterior presidente de la entidad, Jaime Terceiro. En esa fecha ya trabajaba para la entidad su “mano derecha” y ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, a quien el informe de Bankia que destapó el escándalo, apuntaba directamente al asegurar que dependían de su dirección.

No obstante, Sánchez Barcoj, que será el primero en declarar ante el juez Andreu, explicó en un burofax remitido a la Fundación Caja Madrid en el que mostraba su disposición a devolver el dinero sufragado por la caja, que en última instancia las visas estaban bajo control de la presidencia, poniendo así el foco en Blesa. El exdirectivo ha consignado en el Juzgado de Andreu un cheque por importe de 484.200 euros acompañado de un escrito en el que se desvincula tanto de la creación como de la gestión de las tarjetas porque ya existían desde los ochenta, y que en todo caso supuso un complemento “muy poco significativo” a su salario.

Arturo fernández Por su parte, el presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, presentó ayer su dimisión como vicepresidente de la organización empresarial nacional CEOE. Fernández logró ayer el respaldo de la gran mayoría de miembros de la Junta Directiva de CEIM para continuar en el cargo hasta la convocatoria, en unos meses de elecciones anticipadas. El empresario efectuó gastos de 37.326 euros, que ya devolvió, durante su etapa como consejero de Caja Madrid. - Efe/E.P.