GASTEIZ. El pleno de la Cámara vasca ha repetido la votación de la iniciativa de la coalición soberanista, dado que en el debate de la semana pasada en torno a esta propuesta, se registró un empate. La situación se ha repetido este jueves, con un equilibrio de fuerzas entre EH Bildu y el PSE, que han votado a favor, y el PNV y el PP, que han votado en contra. UPyD se ha abstenido, por lo que finalmente ésta ha decaído.
El texto defendido por EH Bildu instaba al Gobierno vasco a "analizar y nombrar" a los "creadores y gestores" del contencioso de las 'vacaciones fiscales', unas ayudas concedidas en la década de 1990 por las diputaciones vascas a algunas empresas, que posteriormente fueron declaradas ilegales por la Unión Europea.
La UE reclamó a los gobiernos forales que recuperaran el dinero concedido a través de estos incentivos, y ante el retraso de las diputaciones en cumplir este requerimiento, impuso una sanción de 30 millones de euros a las instituciones vascas.
En su propuesta, EH Bildu calificaba este modo de actuar de las diputaciones de "engañosa colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada", y defendía la necesidad de "concretar las responsabilidades políticas en este grave asunto".
FISCALÍA
Aunque la Fiscalía vasca ya ha iniciado una investigación en torno a este asunto, el texto de la coalición soberanista también instaba al Ministerio Público a investigar.
EH Bildu solicitaba esta actuación del ministerio público "por si hubiera responsabilidades que depurar" ante "el incumplimiento de las sentencias comunitarias y la consiguiente multa de 30 millones de euros" impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que finalmente ha tenido que ser abonada por el Gobierno vasco y las diputaciones.
"JUDICIALIZACIÓN"
El pleno también ha votado una enmienda del PNV en relación a este tema, que sólo ha recibido el apoyo del PP, mientras que EH Bildu, el PSE y UPyD han votado en contra. El partido jeltzale, a través de esta propuesta, instaba a todos los partidos políticos a "disociar en su vida pública la esfera propia de la acción política del ámbito de la justicia ordinaria".
De esa forma, defendía la necesidad de que "no se produzca una permanente judicialización de la actividad política, que no procede, por no ser los juzgados el foro en el que deben dirimirse los debates de índole política".
