madrid - El caso de las tarjetas opacas con las que los dirigentes de Caja Madrid gastaron 15,2 millones de euros ya ha traído consecuencias, también en forma de investigación. Dos días después de que se destapara la polémica, el Ministerio de Hacienda anunció ayer que investigará el uso de este tipo de tarjetas en las compañías, incluidas las grandes empresas del Ibex 35.
Se trata de la apertura de una investigación, no una inspección. En cualquier caso, Hacienda quiere determinar si el empleo de tarjetas sin declarar se repite en otras empresas. El presidente del sindicato de los técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, explicó ayer a Europa Press que este tipo de tarjetas de crédito se otorgan a los empleados para hacer frente a gastos de representación. Añadió que no tienen un límite legal, aunque sí obligan al trabajador a justificar cada pago. Esto supone que los usuarios tienen que pedir facturas para demostrar que el pago supone un gasto de representación.
No parece ser ese el caso de los 83 directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia que presuntamente cargaron gastos privados valorados en más de 15 millones de euros en las tarjetas que la caja, ahora desaparecida, les otorgó. El escándalo llega porque la entidad que creó Caja Madrid, Bankia, tuvo que ser rescatada con más de 20.000 millones de euros de las arcas públicas.
El asunto, que ya se ha saldado con más de media docena de dimisiones, salpica a diferentes fuerzas políticas, los dos principales sindicatos del Estado y la patronal. En la lista de beneficiarios aparecen 28 personas nombradas por el PP, 15 por iniciativa del PSOE, cuatro por IU, seis por CCOO y otros cuatro por UGT.
Ayer se sucedieron diferentes reacciones. El ministro de Economía, Luis de Guindos, reprobó el uso de esas tarjetas y declaró que “al primero a quien se le revuelve el estómago por las inyecciones de capital de la banca es al ministro de Economía”. Según añadió, este tipo de prácticas “prohibidas” terminaron “en mayo de 2012”, cuando Bankia fue nacionalizada. Por su parte, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, pidió “perdón” por los 15 socialistas implicados -entre ellos el exministro Virgilio Zapatero- y anunció que “el PSOE tomará decisiones muy duras respecto a estos militantes”, les obligará a “devolver el dinero” y les suspenderá de militancia.
Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, se refirió a la implicación en el caso de José Antonio Moral Santín, consejero nombrado a propuesta de IU al señalar que “no llevan los militantes décadas luchando por una sociedad justa para que un sinvergüenza corrupto gaste 500.000 euros a nuestra costa”.
Durante toda la jornada los medios recogieron ayer las declaraciones de antiguos consejeros implicados que bajo el anonimato que la agencia les proporcionó declararon que el Consejo de Administración les aseguró que las tarjetas estaban reguladas y que no les puso nunca “ninguna pega”. “Si alguien quiere hacer un fraude, haces lo de Bárcenas que no deja rastro”, ilustraron. Los siete antiguos miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid que han dimitido en las últimas horas por el escándalo de las tarjetas B llegaron a gastar más de 850.000 euros en fines privados, según figura en la documentación entregada al juez que investiga el caso Bankia.
Las primeras víctimas de este escándalo fueron dos exconsejeros nombrados a propuesta del PP: Pablo Abejas y María Carmen Cafranga, quienes hasta ayer ocupaban cargos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ayer se sumaron cinco nuevas dimisiones, entre ellas la del líder de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, que presentó su renuncia tras conocerse que gastó con la tarjeta 44.200 euros.
83 de 86 dirigentes. De los 86 directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia que recibieron la tarjeta solo tres de ellos no hicieron uso.
PP. 27 de los implicados fueron nombrados por el PP. Entre ellos, Mercedes de la Merced, ex número dos del ayuntamiento de Madrid que gastó 287.900 euros.
PSOE. Tiene 15 implicados, incluido el exministro Virgilio Zapatero, con cargos por valor de 36.000 euros.
IU. Promulgó el nombramiento de cinco afectados, como José Antonio Moral Santín, que llegó a gastar 456.500 euros a cuenta de la caja madrileña.
CCOO. Seis implicados. Uno de sus dirigentes históricos, Rodolfo Benito, que gastó 140.600 euros, ha dimitido.
UGT. En UGT, el líder de la central en Madrid, José Ricardo Martínez, ha dimitido. Acumuló cargos por valor de 44.200. Hay otros tres implicados.
Patronal. La patronal aporta cinco implicados, como el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, con 94.000 euros o el presidente de la patronal en Madrid, Arturo Fernández, con gastos de 37.300 euros.