BILBAO - El Gobierno español publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado el real decreto 413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que supone, entre otros aspectos, un importante recorte a las primas que percibe uno de los poco sectores industriales españoles con tecnología propia y que ayudaría a reducir la excesiva dependencia del Estado español de las importaciones de petróleo, que, según el propio Ministerio de Industria, suponen un coste diario de 100 millones de euros.
Recortes La normativa aprobada por el Gobierno Rajoy que, a efectos prácticos implicará un recorte anual de unos 1.700 millones de euros a la retribución que reciben estas tecnologías, cuenta con la oposición de todo el sector que considera que "es un paso más en la estrategia de acoso y derribo al sector de las energías renovables, algo que el Gobierno del PP ha venido haciendo desde su llegada al poder y su estreno con un primer real decreto ley con una moratoria para las renovables".
A la vista de la situación creada, la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA señaló ayer que piensa recurrir el decreto y toda la normativa del Gobierno español "ante la CE y todas las instancias judiciales, tanto nacionales como internacionales", por sus supuestos efectos retroactivos.
El nuevo real decreto cambia radicalmente todas las condiciones sobre las que se hicieron las inversiones en renovables en el Estado y, según APPA, "sumerge al sector en una total inseguridad jurídica".
En la misma línea argumental, desde Bruselas, el responsable de Políticas de la Unidad de Renovables de la CE, Antonio López-Nicolás, advirtió que los cambios retroactivos en los mecanismos de apoyo a las renovables "pueden afectar de forma clara al clima de inversión". - X. Aja
