BILBAO - En pleno debate sobre el papel de las mutuas en el control de las bajas de los trabajadores se ha conocido que dos de cada tres bajas laborales no son controladas debidamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las direcciones territoriales en el Estado, según señaló ayer el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda.

En concreto, el Tribunal de Cuentas ha detectado un total de 1,9 millones de bajas laborales sin control entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, es decir, el 64% del total, por lo que subrayó la "falta de comprobación" por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Esta situación incide en la discusión sobre el absentismo laboral en el Estado español que es, según las organizaciones empresariales, muy elevado. De hecho, las mutuas consideran que el absentismo laboral cuesta cerca de 25.500 millones de euros anuales a la economía española siendo uno de los problemas que afectan a la competitividad de las empresas. Según señaló el pasado año la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), el gasto por prestaciones por incapacidad temporal ascendía a unos 9.500 millones de euros, lo que supone un 1% del PIB del Estado español, a los que se sumarían los cerca de 16.000 millones de euros que, supuestamente, invierten las empresas para sustituir a los trabajadores de baja.

La tasa de absentismo se define como "el porcentaje de las horas no trabajadas (sin contar vacaciones, festivos ni horas perdidas debido a ERE) respecto a la jornada pactada efectiva". Teniendo en cuenta que el factor determinante de la tasa de absentismo es la incapacidad temporal, por enfermedad o accidente laboral, en el Estado español la tasa de absentismo estimada se situó en el 3,5% en 2012, según datos de la Encuesta de Coyuntura Laboral, que elabora el Ministerio de Trabajo.

En este contexto, el presidente del Tribunal de Cuentas destacó ayer en el transcurso de una comparecencia en el Congreso de los Diputados, que estos procesos de incapacidad temporal que no fueron objeto de comprobación habían supuesto al sistema un coste de, al menos, 1.185 millones de euros. Por otra parte, el informe del Tribunal de Cuentas insta al Ministerio a dictar las normas oportunas para que las mutuas y las direcciones provinciales comuniquen periódicamente al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) los pagos directos de prestaciones de incapacidad temporal a favor de trabajadores por finalización de los contratos laborales, "con objeto de que se produzcan pagos duplicados en prestaciones". - X.A.