BRUSELAS. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto este martes a España una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las denominadas vacaciones fiscales vascas aprobadas por las diputaciones forales.
España ya ha recuperado el 100% de estas ayudas ilegales (alrededor de 500 millones de euros), pero la mayor parte de ellas, según las instituciones europeas, se reembolsaron fuera de plazo, con un retraso de hasta 12 años.
La sanción es, no obstante, menor que la que había propuesto la abogada general del TJUE, que ascendía a 50 millones de euros. Las subvenciones en cuestión fueron declaradas ilegales ya en 2001 y contaban con una sentencia en contra de 2006.
El caso se remonta a 2001, cuando la Comisión declaró ilegales seis regímenes de ayudas fiscales aprobadas por las diputaciones de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia y exigió su devolución.
Las ayudas, que ya están derogadas, se concedieron en forma de créditos fiscales correspondientes al 45% de las inversiones que superaban los 15 millones de euros y de exenciones fiscales temporales para reducir de manera sustancial el impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación durante los cuatro primeros años que obtuvieran beneficios.
UN LARGO CAMINO DE LITIGIOS
Las conocidas vacaciones fiscales vascas, de las que se beneficiaron unas 300 empresas, englobaron en total tres medidas, pero esta decisión se refiere solo a dos de ellas: la reducción de la base imponible del impuesto de sociedades y el crédito fiscal del 45% del importe de ciertas inversiones.
La exención del impuesto de sociedades, la tercera medida en cuestión, fue objeto de un procedimiento anterior.
Este proceso comenzó en 1999, cuando la CE abrió una investigación formal contra España.
En 2001, Bruselas concluyó que las ayudas vascas eran incompatibles con el mercado común, por lo que debían ser suprimidas y los beneficiarios devolver los importes recibidos.
Ante la falta de respuesta de España a su petición, la Comisión interpuso seis recursos por incumplimiento contra el país en noviembre de 2003.
El Tribunal de Justicia confirmó en 2006 que España había incumplido la orden de la CE y urgió al país a recuperar las ayudas.
Cinco años después, la CE consideró que España seguía sin cumplir con esa sentencia de 2006 y presentó el presente recurso en el que solicitaba el pago de una multa.
