gasteiz - Está previsto que el próximo martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida si multa a las haciendas forales por no recuperar a tiempo las ayudas a empresas conocidas como vacaciones fiscales y declaradas ilegales por el tribunal europeo. Una proximidad en el calendario que vuelve a reavivar el debate sobre en qué modo deberán repartirse las instituciones -las tres diputaciones y el Gobierno Vasco- el posible pago de la sanción, que podría rondar los 50 millones de euros si el tribunal sigue la recomendación de la abogada general. En febrero, en vísperas del último Consejo Vasco de Finanzas (CVF), este asunto ya despertó una encendida polémica entre los diputados generales y ayer fue el alavés, Javier de Andrés, quien en una entrevista radiofónica planteó que el Gobierno Vasco se haga cargo del 70% de ese pago y que el resto se reparta entre los tres territorios aplicando los porcentajes previstos en la Ley de Aportaciones, de manera que a la Diputación de Álava le correspondería el 16,6%.

Hace tres meses, este asunto abrió una importante discusión entre las diputaciones y, a la postre, entre PNV, PP y EH Bildu. El diputado general vizcaíno, José Luis Bilbao, se manifestó favorable a imputar a "cada uno su parte", destacando que Bizkaia decidió en 2011 recuperar las ayudas siguiendo el criterio de Burselas, mientras que Gipuzkoa "cerró el último expediente a finales de 2013"; unos plazos que el Ejecutivo guipuzcoano negó reclamando que se diriman las "responsabilidades políticas" detrás de la decisión de dilatar este proceso de recuperación.

Entonces, Javier de Andrés denunció que "se quiere imputar a Álava una cantidad mayor al peso que tiene en la comunidad". Y es que, según la abogada general, la cuantía total a recuperar ascendía a 322,3 millones de euros, de los que 212,4 millones (65,89%) se produjeron en Araba; 68,7 millones (21,31%) en Bizkaia, y 41,2 millones (12,8%) en Gipuzkoa. Finalmente, en aquella reunión del CVF del pasado 13 de febrero, diputaciones y Ejecutivo vasco decidieron posponer la decisión sobre el reparto del pago de la sanción.

Un asunto que sigue pues sobre la mesa -a la espera de que el Tribunal de la UE fije su cuantía definitiva- y a la que ayer volvió a referirse el popular De Andrés en los micrófonos de Radio Vitoria. Así, argumentó que "de misma manera que el 70% de los ingresos por las vacaciones fiscales han correspondido al Gobierno Vasco, también el 70 % de la sanción debe cubrirlo" Ejecutivo autonómico.

Lo contrario "no tendría sentido", sostuvo, para añadir que el 30% restante de la multa deberían pagarlo las diputaciones en función de los coeficientes marcados en la Ley de Aportaciones y que en el caso de Araba es del 16,6 %. Sólo en el caso de que la sentencia recoja "mayores responsabilidades de unos y otros", dijo el diputado general, "habrá que ver" cómo se reparte el pago de la sanción. No obstante, De Andrés recordó que en su informe la abogada general "no hacía distingos entre unas diputaciones y otras", sino que "consideraba que todas habían incumplido" por lo que había una "responsabilidad en conjunto". - DNA/Efe