Gasteiz - Con las puertas del mercado de trabajo cerradas, continúa creciendo el número de desempleados que han consumido el ciclo de prestaciones y ayudas. Según datos del Ministerio de Empleo, el porcentaje de parados que aún cobran algún tipo de prestación es en Euskadi del 55,9%, el nivel más bajo del Estado español junto con el de Castilla-La Mancha. Por tanto, prácticamente la mitad de los desempleados vascos, más de 78.500, no cobran ni el seguro del paro ni un subsidio del Estado, quedando sus ingresos a merced de la RGI u otra ayuda del Gobierno vasco.
La CAV ya era en 2011 la autonomía con el nivel de protección a desempleados más bajo del Estado exceptuando Ceuta y Melilla, situándose entonces la tasa de cobertura en el 61,8%, según los datos hechos públicos ayer por el Gobierno de Mariano Rajoy. La evolución en estos dos años no ha sido buena en Euskadi, con un descenso de la protección de seis puntos. Aunque la caída es inferior a la de otros territorios como Andalucía, Aragón o Canarias, que han registrado descensos de hasta el 10%, Euskadi se mantiene a la cola en el nivel de cobertura, con una tasa apenas una décima superior a la de Castilla-La Mancha.
En el conjunto del Estado cobran una prestación el 62,3% de los parados, una cifra significativamente más baja que la de finales de 2012. Por tanto, cuatro de cada diez desempleados españoles no cobran nada, una realidad que choca de bruces con las peticiones de ciertos agentes económicos y empresariales ligados a la derecha que reclaman que se reduzca la asistencia a este colectivo. Ayer la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, se reafirmaba en las declaraciones realizadas el jueves en las que acusaba de "parasitar" a los desempleados por cobrar una prestación en lugar de buscar un empleo. Entre los que sí cobran, la paga bruta media se sitúa ligeramente por encima de los 800 euros, con parte de los parados percibiendo apenas los 400 euros del Plan Prepara.
100.000 vascos sí cobran Aunque los niveles entre comunidades se han igualado, Euskadi sobresale en la parte baja de la tabla con una brecha todavía amplia en relación a la cobertura del 83% de Baleares o el 68% de Catalunya. De los más de 178.000 desempleados apuntados en Lanbide, cerca de 100.000 perciben o bien el seguro del paro -la prestación contributiva, que se cobra un máximo de dos años- o bien un subsidio como el Prepara o la Renta Activa de Inserción, que en todo caso también se cobran por un periodo limitado.
Por tanto, casi 80.000 vascos no tienen protección de los servicios públicos de empleo españoles, que controlan las políticas pasivas. El dato en sí es representativo de la magnitud de la crisis económica y encierra el drama social del paro de larga duración, si bien es cierto que no todos estos desempleados están sin ingresos. Los sistemas de protección propios de la CAV cubren a una parte de este colectivo, aunque no a todos.
El Gobierno vasco informaba recientemente de que la RGI benefició en diciembre de 2013 a cerca de 63.000 familias, el máximo histórico, si bien no todos los beneficiarios son desempleados sin prestación estatal. De hecho, dada la naturaleza de la RGI, muchos de estos perceptores son desempleados que ya cobran otra ayuda estatal pero no alcanzan un nivel de renta similar al salario mínimo, incluso trabajadores que no llegan a esta cantidad. Se estima que un tercio de los que cobran la RGI son pensionistas. Por tanto, aunque las ayudas propias de Euskadi amortiguan la cifra de personas que no cobran nada, hay una bolsa importante de decenas de miles de parados sin ingresos.
Este es un hecho que vienen denunciando desde hace tiempo los agentes sociales vascos, que critican que crece el número de desempleados pero no lo hace el gasto destinado a sus prestaciones. Una de las medidas más polémicas del Ejecutivo de Rajoy fue la reducción en julio de 2012 de la paga a los nuevos parados. Madrid también ha endurecido el acceso al subsidio de 400 euros para aquellos parados que conviven en un hogar con otra fuente de ingresos.