bruselas - El Tribunal de Justicia de Luxemburgo comunicará el próximo 13 de mayo la sentencia definitiva de las vacaciones fiscales y la cuantía de la multa que previsiblemente se impondrá al Reino de España. El Estado trasladará posteriormente a las diputaciones la factura de la sanción, de modo que falta poco más de un mes para que las haciendas forales conozcan cuánto dinero tendrán que poner sobre la mesa para cerrar un litigio que se inició hace dos décadas. La abogada general de la UE Eleanor Sharpston apoyó a finales de enero la tesis de la Comisión Europea y recomendó una sanción de 50 millones de euros al Tribunal de Justicia por la demora en la recuperación de las ayudas concedidas a las empresas en los años noventa. Técnicamente la multa se impone al Estado miembro, pero se establecerá un mecanismo para que sean las administraciones vascas las que la satisfagan.

Con todo cabe la posibilidad de que el propio Gobierno español asuma una parte de la sanción. Todo está abierto, incluso el criterio del reparto entre las diputaciones. Una cuestión que se aparcó en el Consejo Vasco de Finanzas de febrero para no añadir más tensión a una cita que estaba marcada por las diferencias en torno a cómo trasladar al Gobierno vasco el dinero ingresado por el mecanismo de Actualización de Balances. Lo más probable es que sea necesario convocar un Consejo de Finanzas extraordinario antes del verano tras conocerse la sentencia, ya que es el foro en el que el Ejecutivo de Gasteiz puede cumplir mejor con su papel de mediación, de bisagra, entre las haciendas forales.

lectura de la sentencia El Tribunal de Luxemburgo comunicó ayer a las partes que la lectura de la sentencia se realizará justo la semana anterior a las elecciones europeas, en plena campaña en Euskadi. Las vacaciones fiscales se convertirán así en un argumento más en el tira y afloja de los partidos, y posiblemente el ruido distorsionará la negociación que se abrirá si, como todo apunta, se establece una multa "ejemplar". Si los jueces siguen las recomendaciones de la abogada general -algo que sucede en el 80% de los juicios- la CAV tendrá que hacer frente a la mayor sanción impuesta por la justicia europea a una administración. Se persigue una sanción ejemplarizante que "disuada" a otros gobiernos de seguir ese camino.

En opinión de Sharpston no solo se pusieron en marcha incentivos ilegales sin consultar a Bruselas, además las diputaciones intentaron "aminorar las cantidades que debían recuperarse" y remitieron a la Comisión "información carente de importancia" con la intención de "dilatar" el proceso. - A. Diez Mon