vitoria. La oferta de suelo gratis a empresas del Gobierno de Cantabria ha arrastrado a la Diputación de Araba a plantear un proyecto similar para atraer inversiones. Frente al rechazo de Bizkaia a esta fórmula, que de hecho ha sido denunciada por la institución foral vizcaína ante Bruselas, la diputación alavesa prevé poner en marcha un plan de atracción muy parecido al de Cantabria, que incluiría, siempre que la Comisión Europea lo permita, cinco años de suelo gratuito para las compañías que se instalen en el territorio.

El plan industrial activado a mediados del año pasado por el Gobierno cántabro ha generado un amplio revuelo mediático y político en la CAV a pesar de que en realidad el impacto de la medida ha sido más bien limitado. El menor coste del terreno no parece ser por sí solo un atractivo suficiente como para que los empresarios vascos decidan trasladarse al otro lado de la muga. Aún así, la decisión de Tubacex de abrir una nueva planta en la comunidad cántabra parece haber generado un cierto nerviosismo en el gabinete de Javier De Andrés, que ha visto cómo una de las principales firmas industriales del territorio mira hacia otras zonas del Estado en busca de una mayor competitividad. En realidad, la propia dirección de Tubacex ha afirmado que el auténtico atractivo de Cantabria son los menores costes laborales más que la oferta de suelo gratis del Gobierno de Ignacio Diego.

De todas formas la diputación alavesa está decidida a entrar en la guerra abierta por ofrecer a las empresas un clima más atractivo a través de la reducción de costes. En este sentido, De Andrés ya había informado de que la institución alavesa había iniciado los trámites para consultar a la Unión Europea sobre la legalidad de un oferta de suelo industrial como la de Cantabria para obtener su autorización y ponerla en marcha.

Y es que la legalidad de la oferta de Diego ha sido puesta en duda tanto por el Gobierno Vasco como por la Diputación de Bizkaia, que ha presentado una denuncia a la Comisión Europea al considerar que en definitiva se trata de ayudas públicas de Estado y por tanto ilegales. Bruselas ha admitido a trámite la misma y ha abierto un expediente para determinar la validez de las ayudas, de cuyo recorrido está muy pendiente también Araba dada la similitud entre ambos proyectos. Más allá de la denuncia, la diputación que dirige José Luis Bilbao ha rechazado imitar este tipo de ofertas ya que considera que Bizkaia ofrece ventajas más importantes para las empresas que el coste del suelo, como los incentivos a la innovación o el capital humano.

Araba enseguida se desmarcó de la denuncia de la diputación vizcaína y anunció que seguiría los pasos de Cantabria para ofrecer suelo a las empresas en "unas condiciones crediticias singulares". Finalmente, tal y como recoge la propuesta enviada a Bruselas, el gobierno de De Andrés quiere activar un plan que incluye suelo gratis por un periodo de cinco años, tal y como ha hecho el equipo de Diego. A partir del sexto año, está previsto que se cobre un 6% del valor del terreno y desde entonces y hasta el vigésimo ejercicio se concede la opción de compra a precio de tasación actualizada, informó Efe. La oferta incluye más de 600.000 metros cuadrados de terreno urbanizado repartidos en siete polígonos industriales.