madrid. El consejo de ministros aprobó ayer dos reales decretos para reducir costes y aumentar el control y la eficiencia del transporte y la distribución de energía eléctrica, como parte de la reforma energética emprendida para reducir los costes del sistema y lograr un precio de la electricidad lo más competitivo posible, indica el Gobierno en un comunicado.

En el caso del transporte, la norma fija una metodología para remunerar la construcción, operación y el mantenimiento de las redes. El objetivo, señala el Gobierno español, es garantizar una rentabilidad adecuada que aporte estabilidad regulatoria y reduzca los costes de financiación de la actividad de transporte.

La normativa prevé una revisión del conjunto de parámetros técnicos y económicos por periodos de seis años e introduce incentivos a la mejora de la eficacia de la gestión, la eficiencia económica y técnica del sistema y de la disponibilidad de las redes. La normativa es homogénea para todo el Estado.

Como novedades, Industria cita una retribución a la inversión de los activos en servicio no amortizados, en la que se considera el valor neto de los mismos y una tasa de retribución financiera referenciada a las obligaciones del Estado a diez años más 200 puntos básicos. En un primer momento, la tasa sería del 6,5%.

Se retribuirá también por operación y mantenimiento y se incluye un incentivo o penalización asociado al grado de disponibilidad de sus instalaciones. Además, se incentiva ampliar la vida de las instalaciones más allá de su vida regulatoria con el fin de reducir el coste para el sistema. Además, se introducen criterios de eficiencia en la construcción, especialmente las de carácter singular, operación y mantenimiento. En cuanto al valor presentado del proyecto, se limita su posible desviación a un 25% de su valor, mientras que anteriormente se retribuía la totalidad del coste.

inversión ligada al pib Por otro lado, tanto las empresas distribuidoras como las de transporte presentarán a Industria sus planes de inversión anuales y plurianuales para su aprobación. Además, presentarán a las comunidades afectadas el plan de actuaciones cuya autorización sea de su competencia.

La Secretaría de Estado de Energía determinará el volumen máximo de inversión autorizado anualmente a cada empresa. La inversión anual tendrá un límite global del 0,065% del PIB para el transporte y del 0,013% del PIB para la distribución.