SEVILLA. Facua-Consumidores en Acción remitió el pasado martes una denuncia contra el Gobierno al presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, toda vez que considera que "no garantiza ni la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios". En su denuncia, Facua advierte de que tanto el actual Gobierno como el anterior no han garantizado la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad "razonables, fácil y claramente comparables, transparentes".

Así lo establece el artículo 3 de la Directiva 2009/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de obligado cumplimiento para los Estados miembros de la UE. Facua señaló que, en su artículo 3.7, la directiva plantea que "los estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables". Además, recordó que en su artículo 3.8, la directiva establece que "los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar el necesario suministro de electricidad a los clientes vulnerables o el apoyo a mejoras de la eficiencia energética, con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya constatado, también en el contexto más amplio de la pobreza en general", destacó Facua.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, explicó además que el Gobierno de España "no tiene implementada ninguna medida que proteja realmente al consumidor vulnerable y que, cada año, aumenta el número de familias excluidas del suministro energético". Facua lamentó que el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno (PP) "se negara recientemente a debatir la propuesta del grupo Izquierda Plural (que contaba con el apoyo del principal grupo de la oposición, el socialista), entre cuyos objetivos estaba evitar dichos cortes de suministro durante el invierno".

protección Asimismo, en su denuncia, Facua argumentó que "la única medida supuestamente orientada a la protección de los consumidores vulnerables" puesta en marcha por el Gobierno español fue el bono social "cuyas características no responden realmente a los objetivos fijados en la Directiva, ya que su tarifa no resulta realmente reducida ni da cobertura a un número suficiente de usuarios en situación de vulnerabilidad". Facua detalló además que este bono social "sólo recoge el derecho de usuarios cuya potencia contratada no supere los 3,3 kW, perfil que reúne un escasísimo porcentaje de usuarios domésticos, a recibir el suministro con una tarifa congelada vigente a mediados de 2009".

Explicó que esta tarifa aplica una penalización si los usuarios consumen más de 500 kWh mensuales con el supuesto objetivo de evitar el derroche, "algo que carece de sentido ya que este consumo es superado de manera habitual por numerosas familias con un elevado número de miembros o en determinados periodos del año dadas las altas o bajas temperaturas", argumentó Facua en su denuncia a la Comisión. Para la federación de consumidores, el bono social "deja fuera a multitud de familias con bajísimos recursos y resulta considerablemente elevada, tanto por la penalización por el consumo de más de 500 kWh como por el precio del kW y kWh fijados en ella".

"Muestra del fracaso del bono social es el escaso número de consumidores acogido a dicha medida y el aumento de usuarios que tienen dificultades en acceder y utilizar el suministro eléctrico en España", apostilló Facua. Además, en la denuncia Facua explicó que "el 18% de las familias de España no consiguen alcanzar una temperatura cálida en sus hogares durante los meses invernales", un dato que "constata el avance de la pobreza energética en el país". Según la estadística de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) español, "es una situación que sufren al menos tres millones de hogares familiares en España".