Rajoy suprime la ayuda al despido en las empresas de menos de 25 trabajadores

retoca en el senado el estatuto del trabajador sin consultar a los sindicatos o negociar con los partidos

madrid. El Gobierno central ha aprovechado su mayoría absoluta y el bajo perfil de la confrontación sindical para colar en el Senado una enmienda que elimina las ayudas que tienen las empresas de menos de 25 trabajadores en los despidos. Hasta ahora, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asumía ocho días por año en las indemnizaciones de los despidos colectivos o individuales de micro empresas.

En principio, la ayuda está destinada a las empresas en pérdidas o con una constante reducción de ingresos, pero también a compañías que ajusten sus plantillas por reorganización de su sistema productivo para adaptarlo a nuevos mercados o negocios. Las firmas que presentan expedientes de extinción de empleo durante su proceso concursal también tienen cabida. Así que a efectos prácticos todas las empresas con menos de 25 empleados pueden acceder a esa asistencia de Fogasa.

Los trabajadores afectados seguirán recibiendo la indemnización que hayan generado, pero a partir del próximo 1 de enero será la compañía la que asuma todo el coste del despido. El Gabinete de Rajoy afirma que con la enmienda pretende que Fogasa "recupere su naturaleza de entidad de aseguramiento, limitando su intervención a los casos de insolvencia o concurso" de acreedores. Añade el PP en su justificación que busca "desincentivar el despido y fomentar el manteniemiento del empleo".

Sin embargo, algunos empresarios ya han advertido de que la supresión de la ayuda supondrá un problema de tesorería, porque la compañía que tenga la necesidad de reducir personal lo hará con o sin asistencia del Fogasa y tendrá que asumir ahora todo el coste.

Lo cierto es que el Gobierno español ha aprovechado la tramitación en el Senado de los Presupuestos Generales para incluir una enmienda -la 2.997 de un total de 3.791- para modificar un apartado muy concreto del articulo 33 del Estatuto de los Trabajadores, el que fija el campo de acción del Fondo de Garantía Salarial. Lo ha hecho sin consultar a los sindicatos en una cuestión tan sensible y ocultando la modificación a los grupos de la Cámara Alta dentro del interminable listado de enmiendas que acompañan las Cuentas.

UGT encendió ayer la alarma y cuantificó su impacto. Según sus cálculos, la enmienda podría afectar a un gran número de los 181.000 expedientes de extinción de contrato pendientes de resolver por el Fogasa. Aunque la enmienda del PP no aclara si la medida afectará a los despidos que se presenten desde el 1 de enero o a los que se resuelvan a partir de esa fecha, UGT considera que tendrá efectos retroactivos y que muchos trabajadores se quedarán sin cobrar la parte de su despido que todavía les adeuda el Ministerio de Empleo y que no cobrarán si la empresa ya se ha liquidado.

En un contexto en el que los expedientes de Fogasa se resuelven hasta en dos años, los parados perderían una parte de su indemnización, denunció UGT. El sindicato de Cándido Méndez vinculó la medida a la "segunda vuelta de la reforma laboral" que planea Rajoy, cuyo único objetivo es recortar gasto. UGT estima que el Gobierno se ahorrará casi 315 millones de euros.

UGT cree que la medida solo busca reducir el gasto y que puede afectar a expedientes pendientes de Fogasa