vitoria. Un 60% de las industrias vascas tiene que hacer frente a un incremento de más del 20%, desde el pasado mes de agosto, en su factura de peajes de acceso eléctrico tras la reforma energética impulsada por el Gobierno español, según un estudio realizado por el Ente Vasco de la Energía (EVE). Ante la gravedad de la situación, -por lo que implica de pérdida de competitividad de la industria vasca en esta coyuntura de caída de la demanda-, el Gobierno vasco tiene previsto reunirse la próxima semana con las principales asociaciones y cluster empresariales vascos para analizar la puesta en marcha de medidas que permitan "paliar y minimizar" estos efectos negativos, según fuentes del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad que lidera la consejera Arantza Tapia.

La aplicación de la orden de revisión de tarifas de acceso aprobada por el Gobierno español y que entró en vigor el pasado 3 de agosto, en el marco del proyecto de reforma del sector eléctrico contemplaba, según el equipo del ministro de Industria, José Manuel Soria, un incremento en la parte del peaje de acceso, -que no tiene nada que ver con la electricidad consumida-, del 7,5%, cota que según el estudio del EVE con el muestreo de 250 empresas vascas, la mayoría pymes, ha sido ampliamente superada.

De hecho, según destaca el director vasco de Energía, Javier Zarraonandia, del informe del EVE se deduce que el 87% de las empresas vascas está pagando más de la subida prevista por el Gobierno español.

Lakua considera que la variación de las nuevas tarifas de acceso de alta tensión, las de más de 1 kv, se ha incrementado mucho en uno de los apartados de la tarifa eléctrica final, el de la potencia y en cambio ha bajado, pero menos, en la parte de la energía, con el resultante final de incrementos notables de las tarifas.

Un problema adicional para la industria vasca es que de entre las diferentes tarifas industriales de acceso existentes la denominada 6.1, -la más habitual en Euskadi-, que es de entre 1 y 36 kilovoltios, es un 74% más cara que la tarifa 6.2 más usual en los territorios menos industriales del Estado español lo que supone un elemento de hándicap competitivo, que no viene de ahora, con una compañía instalada fuera del País Vasco. Según los datos aportados por el Gobierno vasco y el EVE, esta situación se puede cuantificar en un coste "extra" de unos 80 ó 100 millones de euros anuales.

A este coste añadido, se le suma el hecho de que la normativa vigente impide que una empresa pueda cambiar de tarifa antes de un año por lo que el impacto en la factura de peajes tarifarios, que suponen aproximadamente la mitad de la factura energética industrial, de las modificaciones aplicadas en el marco de la reforma de la legislación del sector eléctrico tiene que ser asumido por las empresas en ese plazo.

El Gobierno vasco comparte con los sectores industriales una gran preocupación por el impacto que va a provocar en la industria vasca la reforma diseñada por el Ministerio de Industria con el objetivo de reducir el denominado déficit de tarifa.

En este sentido, hay que tener en cuenta que, además, el Ejecutivo español plantea medidas adicionales como la revisión de los periodos tarifarios en el calendario. Ello implica que periodos considerados ahora valle, o de menor consumo eléctrico en el sistema y que se benefician de tarifas más baratas como por ejemplo las noches en el que trabajan las acerías, se varíen creando problemas añadidos a las organizaciones.