madrid. El Gobierno español ha presentado el anunciado recurso de anulación en contra de la decisión del pasado mes de julio de la Comisión Europea acerca de la devolución por parte de los inversores de las bonificaciones fiscales al sector naval, conocidas como tax lease, aplicadas durante el periodo 2007-2011, en la contratación y construcción de más de un centenar de buques, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El recurso de anulación, según Europa Press, ha sido presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea por no concurrir a juicio del Ejecutivo ninguno de los requisitos para que los tax lease puedan ser considerados ayudas de Estado, conforme al artículo 107 del Tratado de la UE, tal y como defendió el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia El Gobierno considera que el mecanismo aplicado no es discriminatorio, sino abierto a todos los inversores, al tiempo que no se falsea la competencia en el mercado de construcción naval.
Junto a esto, España alega en el recurso que, con la decisión de Almunia, se produce una violación de los principios de igualdad de trato -en referencia al hecho de que a Francia no se le impuso por Bruselas en un hecho similar obligación de recuperar las deducciones fiscales aplicadas-, confianza legítima y seguridad jurídica, por lo que, aunque el tax lease fuese considerado como ayudas, no procedería la devolución de las mismas.
El recurso del Ministerio de Exteriores se presenta una semana después, y antes de la fecha tope del 28 de setiembre, de que el Ministerio de Hacienda enviase a Bruselas un escrito en el que cifra en 126 millones de euros el importe máximo de la devolución por los inversores de los tax lease.
Aunque a principios de septiembre, el Ejecutivo acordó de forma "consensuada" con los afectados relacionados con el sector naval la presentación de este recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la decisión de la CE, fuentes del sector naval vasco temen que esta judicialización del tema afecte negativamente a sus posibilidades de contratación porque no despeja incertidumbres jurídicas.
