La debilidad de la industria europea es un problema generalizado que, en mayor o menor medida, afecta a todos los socios europeos pero a algunos muy especialmente. Y este es el caso de España donde el sector industrial apenas aporta el 13,3% al PIB español -la media en la UE es del 15,3%-, lo que significa un 30% menos que en 2008, el tercer país de la UE donde más ha caído solo por detrás de Grecia y Chipre. Bruselas achaca este espectacular declive a la crisis pero también a la lentitud y a los retrasos del gobierno de Mariano Rajoy en emprender reformas para mejorar el entorno empresarial, impulsar la internacionalización de las empresas o reformar los servicios profesionales.

El problema del sector, recuerda el capítulo dedicado a España, es que se trata de empresas especializadas en la fabricación de baja tecnología -desde productos alimenticios y bebidas hasta textil y confección- y en servicios de baja intensidad de conocimiento -comercio, alojamiento, restauración, agencias de viaje-, con una presencia muy limitada de industrias de alta tecnología y con escasas inversiones. Además, aunque ha habido una corrección de los desequilibrios, y en los últimos dos años se ha recuperado cerca de la mitad de la competitividad en materia de costes, se ha logrado a costa de una "destrucción masiva de empleo en sectores de bajo valor añadido" y del "alargamiento de las jornadas".

La crítica figura en el informe sobre la competitividad de la industria en la UE presentado ayer por el comisario de industria, Antonio Tajani. El documento ofrece una fotografía desoladora de España, hasta en el capítulo dedicado las exportaciones que Moncloa celebra en cada ocasión que tiene. Según el estudio, casi el 88% de las exportaciones en 2012 fueron realizadas por apenas el 10% de los exportadores lo que muestra que hay pocas empresas muy competitivas y un gran número que no lo son. Además, y aunque hay un mayor dinamismo gracias a la disminución de los costes laborales y la diversificación de productos, España sigue estando por debajo de la media europea en la mayoría de los indicadores sobre la internacionalización de las pymes.

Otro de los argumentos que explican el declive es la burocracia a la que se enfrentan las empresas debido a un marco jurídico y reglamentario que sigue siendo, según Bruselas, muy complejo. Por ejemplo, poner en marcha un negocio requiere de casi un mes -28 días- y el plazo para obtener una licencia de explotación, aunque el gobierno ha tomado medidas para generalizar el uso del régimen de urgencia, es el más largo de la UE con nada menos que 116 días. La CE recuerda, además, que hay reformas como las de los servicios profesionales que se han retrasado y muchas otras que están en tramitación pero sin resultados todavía. "Los avances han sido lentos y algunas reformas emblemáticas siguen pendientes".

El informe tampoco se olvida de la falta de acceso al crédito. Admite que sigue siendo uno de los problemas principales al que se enfrentan las pymes españolas, que dependen en gran medida de los préstamos bancarios para cubrir sus necesidades de financiación, y alerta de que la reestructuración del sector bancario ha dejado a algunas empresas sin su banquero tradicional lo que ha supuesto un aumento de los costes y una mayor dificultad para encontrar crédito. Otro problema que ha terminado agravando el problema de liquidez de las empresas son "los largos retrasos en los pagos, sobre todo del sector público" ya que España sigue siendo uno de los países donde más tardan en pagar.