MADRID. En dicho texto se pide al Gobierno que "reconsidere" la nueva fórmula de revalorización de estas prestaciones, al entender que podría dar lugar a una pérdida de poder adquisitivo en tiempos de crisis que "en principio" no llegará a recuperarse cuando el sistema vuelva a superávit.
La redacción inicial del dictamen daba por hecho que esta pérdida de poder adquisitivo no se recuperará en los ciclos alcistas, sin embargo durante el Pleno los miembros de CEOE han apoyado una de las 10 enmiendas presentadas por el grupo de expertos del Gobierno por la que se matizaba que esta pérdida de poder adquisitivo no se recuperaría "en principio" en tiempos de bonanza para el sistema.
En esa misma enmienda, los expertos añaden que por ello, "deberían establecerse medidas que complementen a las reformas proyectadas tendentes a la recuperación del poder adquisitivo cuando las circunstancias lo permitan, en el medio y largo plazo".
Asimismo, otra de estas enmiendas de los miembros del Gobierno, también aprobada, precisaba que la necesidad de preservar el poder adquisitivo de las pensiones debería contemplarse "en el medio y largo plazo", cuando el texto original no se hacía referencia a ningún a plazo alguno.
Precisamente el grupo de expertos del Ejecutivo ha efectuado seis de los 8 votos en contra del dictamen y ha presentado en total dos votos particulares en defensa del proyecto de Ley al entender que urge garantizar la sostenibilidad de las pensiones. ELA-CIG y UGT han presentado otros dos votos particulares.
VUELTA A LA REFORMA DE LAS PENSIONES DE 2011
Además, el dictamen considera que el desarrollo del factor de sostenibilidad que propone el Gobierno, para su puesta en marcha a partir de 2019, "no se ajusta" a lo establecido en la Ley 27/2011 de reforma del sistema de pensiones, "ni en la formulación concreta del factor, ni en el plazo previsto para su entrada en vigor", que se sitúa en dicha norma en 2027.
"Al CES le preocupan los efectos de la automaticidad de la aplicación de este factor, basado exclusivamente en la evolución de la esperanza de vida", señala, antes de añadir que "sería conveniente" estudiar la posibilidad de "modular" dicha automaticidad combinándola con la evolución de otras variables con incidencia positiva sobre los ingresos.
Por otro lado, el órgano consultivo echa en falta una "diferenciación" entre lo que son las necesidades financieras del sistema de pensiones "coyunturales", que tienen que ver con la caída de las afiliaciones en el actual contexto de crisis, y los "estructurales", vinculados al envejecimiento de la población.
Asimismo, el texto aprobado por el Pleno del CES estima "más adecuado" llevar a cabo en el marco del diálogo social y de la Comisión del Pacto de Toledo una "profunda reflexión" en torno a la posibilidad de estudiar "vías alternativas de financiación del sistema que contribuyan a su sostenibilidad y suficiencia".
DURA CRÍTICA AL PROCEDIMIENTO Y DEFENSA DEL PACTO DE TOLEDO
Por otro lado, el dictamen definitivo también carga contra lo que consideran un procedimiento "singular" por parte del Gobierno a la hora de pedir consulta al CES, en tanto que ésta se ha realizado con escasos días de diferencia respecto al momento de su aprobación en el Consejo de Ministros.
"La singularidad del procedimiento por el que se ha optado esta vez, junto a la premura de los plazos para la emisión de este dictamen no ha facilitado el ejercicio de reflexión conjunta y el acercamiento de posiciones sobre una norma de la trascendencia de la que nos ocupa", señala.
"En esta ocasión la solicitud del dictamen se ha hecho coincidir en el tiempo con las consultas a los agentes sociales, grupos parlamentarios y la Comisión del Pacto de Toledo", apostilla.
Una tercer enmienda aprobada presentada también por los miembros del Gobierno ha borrado de la exposición de motivos del dictamen una referencia a la necesaria "recuperación" del diálogo social para sacar adelante esta reforma. Los miembros del Gobierno alegaron que el diálogo no se ha roto en ningún momento.
