Imagino que son muchas las personas que, como yo, están asombradas esta semana. Hay que dar la razón al ministro Montoro y admitir que, en efecto, no salimos de nuestro asombro, incluida la indignación, ante un Gobierno que supera lo que parecía insuperable: su capacidad para hacer todo lo contrario a lo prometido en campaña electoral y hacerlo, con el mayor desprecio posible al sistema político que tan ardorosamente defienden cuando les interesa: la España de las Autonomías. Es lo acontecido con el nuevo copago en 40 medicamentos hospitalarios, acordado en total opacidad y sin consultarlo o informar a los responsables autonómicos de Sanidad.

No recuerdo, en los gobiernos precedentes, mayor voracidad recaudatoria sin finalidad y mayor agresión, económica y moral, que la sufrida: primero con la defensa cínica protagonizada por la ministra Báñez y su subalterno Burgos, para justificar la generosa subida del 0,25% de las pensiones. Después le ha llegado el turno a la ministra Mato, quien admite que busca fórmulas para que se pueda fumar en los casinos de Sheldon Adelson en Alcorcón (Madrid) y, pocas horas después, anuncia el copago en 40 medicamentos hospitalarios, muchos de los cuales permiten paliar graves e irreversibles dolencias. En otras palabras: beneficia a un millonario americano y perjudica la salud de los ciudadanos al tiempo que pone un copago para que los enfermos puedan sanar.

No vamos a seguir insistiendo más en este desbarajuste marianista, salvo para señalar que la carencia de una finalidad a la hora de decretar ese copago desacredita la medida y la hace rechazable, porque muchos enfermos tendrán que financiar parte de los medicamentos imprescindibles para seguir viviendo, aunque hayan cotizado toda su vida y su pensión sea tan escasa que apenas les permite llegar a fin de mes, mientras que la recaudación obtenida en ese copago no revertirá en la propia sanidad sino que se utilizará para tapar los crecientes agujeros presupuestarios, lo que da la razón a Montoro: la España del PP asombra al mundo, empezando por los españoles.

Sufrimos una grave crisis, es innegable. Nadie pide milagros, sino soluciones. A un gobierno democrático es exigible que su prioridad sea el bienestar social, no los beneficios de sus amigos banqueros y, mucho menos, esa amoralidad cruelmente escenificada cuando no se critican los contratos millonarios desde la empresa privada (y agradecida) para personajes imputados por haber arruinada a miles de familias que han pagado parte del saneamiento bancario con las preferentes financiadas con sus ahorros, han pagado parte del rescate europeo con sus impuestos y ahora pagarán parte de sus medicamentos con su escasa pensión de jubilación.

En estas condiciones, no faltarán quienes recelen del pacto fiscal firmado en Euskadi entre el PNV y PSE, cuyo objetivo, en término numérico es recaudar 1.500 millones de euros más en tres años. Hasta aquí podría estar justificado ese recelo porque el incremento sale de los bolsillos de los ciudadanos vascos que, en general, están bastante maltrechos tras el lustro transcurrido desde que la crisis se instalara en Euskadi. Se puede pensar que es algo similar a lo que viene haciendo Rajoy, pero existen sensibles diferencias que conviene poner negro sobre blanco.

En primer lugar, ese previsto incremento recaudatorio tiene como finalidad garantizar los actuales niveles de bienestar social (educación, sanidad, dependencia, etc.), lo cual permite apelar al principio de solidaridad, entendiendo que no son aceptables casos, como ocurre en otras comunidades autónomas, de desnutrición infantil o falta de asistencia sanitaria, máxime si tenemos en cuenta que las medidas tributarias que incrementan los impuestos afectan a las rentas más altas (entre 91.371 y más de 177.650 euros anuales), al ahorro (por encima de 15.000 euros) y al Impuesto de Sociedades que establece un mínimo del 13% a pagar sobre los beneficios obtenidos.

Dicho con otras palabras. No se trata de cuestionar la legitimidad de cobrar grandes sueldos, ahorrar más de 15.000 euros u obtener beneficios en las empresas. Posiblemente todos ellos se merezcan vivir esa acomodada situación. Tampoco se trata de considerarles, en una situación normal, unos privilegiados. Empero, hay miles de familias que han perdido su empleo como consecuencia de una crisis que también ha restado ingresos fiscales (IRPF, IVA, etc.), mientras que se mantiene, incluso aumenta, el gasto social, sin que éste se considere excesivo en relación a otros países europeos.

En esta situación, debe imponerse el principio de solidaridad. Cabe estimar (como licencia para los tiempos actuales) que esos sueldos, esos ahorros y esos beneficios de las personas acomodadas se consideren como un privilegio circunstancial en comparación con quienes lo están pasando mal, pero que tienen el mismo derecho a un bienestar social por el que han trabajado y financiado desde sus impuestos a las arcas públicas. Ahora, la gestión de un gobierno y la responsabilidad de los partidos políticos, deben girar sobre un objetivo prioritario, como es velar por la igualdad y la dignidad de todos los ciudadanos.