Bilbao. Los agentes implicados en el sector naval esperan que la pesadilla del tax lease llegue pronto a su fin. Así lo anunciaron ayer los sindicatos y sobre todo la patronal. Recuperar la confianza de los inversores y los posibles clientes es ahora el objetivo primordial y para ello es fundamental disipar cualquier tipo de duda jurídica.
Por todo ello, los pequeños y medianos astilleros agrupados en Pymar consideraron ayer que la cuantificación de las ayudas a devolver supone el primer paso para lograrlo. Confían en que la decisión impulse además la contratación de buques.
En el mismo sentido, CCOO reclamó a la Comisión Europea a que cierre "cuanto antes" el capítulo de los anteriores tax lease con el objeto de poder atraer carga de trabajo a los astilleros españoles, que aseguren el empleo.
Después de que el Ministerio de Hacienda enviase el miércoles un escrito a la UE en el que se cifra en 126 millones de euros de máximo el importe a devolver, ayer se anunció que la Comisión Europea comprobará si España respeta la legislación de la Unión Europea para la recuperación de esas ayudas.
Antoine Colombani, portavoz del comisario de Competencia y vicepresidente del Ejecutivo de Bruselas, Joaquín Almunia, explicó que Bruselas comprobará si el Ministerio español de Hacienda ha aplicado correctamente los criterios marcados por la Comisión de la UE para calcular la suma a devolver por las bonificaciones fiscales de los astilleros españoles entre 2007 y 2011.
Según Almudena López, la gerente de la sociedad Pymar, las devoluciones de los beneficios fiscales obtenidos en la contratación de barcos por la aplicación del 'tax lease', afectan a 175 operaciones. Además aseguró que el impacto de las devoluciones se puede incluso "minorar", en función de cada caso, y de las bonificaciones aplicadas en cada contrato. Por otro lado, la patronal sigue considerando "injusta y discriminatoria" la decisión de recuperación de estas ayudas por lo que mantiene su apoyo firme al recurso que se debe presentar antes del 28 de septiembre.
