Vitoria. La España de Rajoy está haciendo los deberes económicos con menos rapidez y menos éxito de lo que les gustaría a los socios europeos. Esta semana se ha constatado en la reunión del Ecofin y en las recomendaciones del FMI que la troika no se fía del espíritu reformista de un Gobierno del PP que ya está en clave electoral y quiere aparcar las medidas de ajuste menos populares.

Y la realidad es que pese a los recortes y las subidas de impuestos la deuda pública española sigue imparable. Ya ha superado los 942.000 millones de euros, más del 92% del PIB, tras crecer nada menos que un 17% en los últimos doce meses pese a todas las promesas del Ejecutivo de Rajoy de que va a controlar el déficit público.

Esos datos de deuda y una tasa de paro por encima del 25% es lo que preocupa a Bruselas, a Berlín y a Washington. De ahí que en el Ecofin se insista en recomendar a España que mantenga en 2014, solicitando una prórroga, la disponibilidad de los 100.000 millones de euros destinados al rescate bancario aprobados en el verano de 2012. El presidente del eurogrupo, el ministro holandés de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem oficialmente no ha comunicado una postura del Eurogrupo al respecto pero las presiones a España, según reconocen en el sector bancario, existen por mucho que el ministro español de Economía, Luis de Guindos las niegue.

Hoy los hombres de negro del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegarán a Madrid para realizar su cuarta evaluación de los progresos en la reforma del sector bancario español, según confirmó la institución internacional. La misión del FMI se adelanta así una semana a la llegada de los inspectores de la Comisión Europea y del BCE, que irán a Madrid el próximo 23 de septiembre para verificar si España cumple las condiciones exigidas por el Eurogrupo a cambio del rescate bancario y para examinar la situación de la banca del Estado español.

Y aunque la CE ha asegurado que la decisión sobre la prórroga del rescate bancario no está supeditada al cumplimiento del objetivo de déficit del 6,5% pactado para 2013, su incumplimiento por Madrid daría más argumentos a Bruselas para imponer nuevos ajustes.