vitoria. Casi todas las firmas de automóviles están en el punto de mira de la Comisión Nacional de la Competencia que ha abierto expediente sancionador a fabricantes y concesionarios por posibles prácticas anticompetitivas.
La CNC ha puesto en marcha ya una investigación a gran escala para inspeccionar esas posibles prácticas en el sector, según anunció ayer el propio supervisor. La CNC estudia prácticas como la fijación de precios, condiciones comerciales y de servicio, así como en el intercambio de información comercialmente sensible entre las empresas inspeccionadas.
El organismo calificó como "infracciones muy graves" estas conductas, que podrían suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las entidades infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior a la imposición de la multa si finalmente se produjera.
Según el anuncio difundido ayer, Competencia ha decidido iniciar un expediente sancionador contra las empresas fabricantes por posibles prácticas consistentes en acuerdos para el intercambio de información comercialmente sensible y estratégica entre empresas fabricantes y distribuidoras de vehículos en España. Por otro lado, la Comisión también ha abierto expediente sancionador contra diferentes empresas de distribución de las marcas Audi, Seat, Nissan, Toyota, Land Rover, Hyundai y Opel en España, con motivo de posible fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio, así como por intercambio de información comercial de las firmas.
Nissan, Renault, Toyota, Chrysler, General Motors, Fiat Group, Ford, Chevrolet, Hyundai, Honda, Kia Motors, Peugeot y Citroën, además de Volkswagen Audi España, Seat, Urban Science y Snap-On Solutions podrían ser sancionadas.
La CNC explicó ayer que tras la realización de inspecciones aa primeros de junio y a finales de julio, la Dirección de Investigación del organismo observó "indicios racionales" de la existencia de conductas prohibidas en la legislación de Defensa de la Competencia, por lo que ha abierto expediente contra diferentes empresas de distribución de automóviles en el mercado nacional. En concreto, la CNC inspeccionó las sedes de asociaciones de concesionarios de las marcas Volkswagen, Audi y Skoda, de Seat, de Opel y Ford, así como de la patronal Faconauto, diferentes concesionarios, las sedes de Renault España, Nissan España, Toyota España y de Snap-On Solutions.
Tras estas inspecciones, el organismo que preside Joaquín Bernaldo de Quirós ha decidido abrir expediente sancionador contra Servicalidad, Howarth Auditores España y Seat, la Asociación de concesionarios de Volkswagen, Audi, y Skoda, la de Seat, además de a más de 50 puntos de venta de las marcas Volkswagen, Audi y Seat. También se incoa dicha medida sancionadora contra Nissan Iberia y a siete de sus concesionarios. Asimismo, once concesionarios de Toyota podrían ser sancionados, al igual que seis centros de distribución de Land Rover, once de Hyundai, la asociación de concesionarios de Opel España y ocho de sus puntos de venta.
Sin sentencia Una de las primeras reacciones fue la de la patronal, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), que aseguró que la apertura de un expediente sancionador por parte de Competencia a empresas del sector "no prejuzga" el resultado final de las actuaciones. Para la patronal la investigación confirmará que el nivel de competencia del sector "es el más alto" de la economía española.
Lo mismo dijo ayer el presidente y consejero delegado de Toyota España, Jacques Pieraerts: "la competitividad es altísima entre las marcas y los concesionarios". El directivo explicó que el proceso abierto es confidencial y está en una fase preliminar. También señaló que no se puede prejuzgar la culpa de las partes involucradas.
En el mismo sentido, fuentes consultadas por agencias de Seat y Renault aseguraron que no se ha cometido ninguna infracción en materia de competencia en el sector y que la apertura del expediente no prejuzga la decisión de multar o no a las empresas.
Por su parte, Facua-Consumidores en Acción exigió ayer que los fabricantes de automóviles devuelvan las ayudas públicas recibidas si finalmente son multadas.
